El Consejo de Ministros aprobaba este martes un real decreto-ley que contiene un conjunto de medidas urgentes en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico para apoyar al sector agrario para hacer frente a la situación prolongada provocada por la sequía, que, sin embargo y al entender de todo el sector, se quedan cortas, ya que consieran que son insuficientes para solvenar los problemas que está generando.

Ante la brutal subida de los costes que arrastra el sector agrario, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera totalmente insuficientes las medidas del paquete de medidas aprobadas por el Gobierno, ya que recuerdan que de marzo de 2021 a marzo de 2022, el análisis realizado por los Servicios Técnicos de COAG recoge una subida interanual de un 96% en el precio de la energía y lubricantes, un 150% en fertilizantes y un 35% en piensos, partida que supone la mitad de los gastos totales en las explotaciones ganaderas.

“Ante una crisis de tal magnitud necesitamos medidas extraordinarias. El Gobierno tiene que intervenir en el mercado de la energía y los combustibles, fijando unos precios máximos. Es una vergüenza que los millones de beneficios caídos del cielo de las eléctricas lastren la producción de alimentos en un contexto en el que la seguridad alimentaria de Europa se tambalea”, ha apuntado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.

No obstante, respecto al apartado de medidas fiscales y económicas aprobado, COAG considera que la reducción del 20% del rendimiento neto para las actividades agrícolas y ganaderas que tributan en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el método de Estimación Objetiva (módulos), puede suponer un pequeño balón de oxígeno para los agricultores y ganaderos que coticen en este régimen. Sin embargo, esta organización considera muy limitada la  línea de ayuda, en régimen de concesión directa, para la bonificación de operaciones de financiación formalizadas a través de las entidades financieras, para lo que se habilita un presupuesto de 10 millones de euros.

En el ámbito laboral, COAG subraya que la solución no pasa por el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social a un interés reducido, del 0,5%, porque “antes o después tienes que acabar pagando la deuda acumulada y los intereses de la misma”, ha afirmado Padilla.

En lo referente al establecimiento de unas tarifas asumibles para los regantes, COAG apunta que el precio de 0,45 euros/metro cúbico se quedan aún por encima de la cuantía demanda como razonable por el sector, 0,30€/metro cúbico.

COOPERATIVAS ANDALUCIA LAMENTA QUE SE QUIERA SOLUCIONAR UN PROBLEMA CON PARCHES ECONÓMICOS

Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía considera totalmente insuficientes las medidas contra la sequía , porque el plan propuesto por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que implicará a otros cinco ministerios, «no atiende las necesidades reales del sector agrario andaluz, que arrastra varias campañas de déficit hídrico, asume desde hace más de un año una escalada incesante de los costes de producción y afronta un cambio de paradigma en el reparto de los fondos nacionales de la PAC con un Plan Estratégico que es totalmente lesivo para el campo andaluz. En un mercado globalizado, estas tres realidades complican la viabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la comunidad», aseguran.

La federación recuerda que la situación de sequía en Andalucía no se trata de un problema coyuntural que se solucione con parches económicos. La reserva hídrica de la comunidad apenas supera el 30% de la capacidad de los embalses andaluces. Si a este déficit se le suma el difícil acceso al poco agua disponible por unas infraestructuras obsoletas, las trabas administrativas para acometer inversiones propias y el desdeño mostrado por la Administración hacia los agricultores que apuestan por el sistema del regadío, el futuro del campo andaluz se ve seriamente comprometido. Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía sostiene que la única solución a este problema estructural es el diseño y la aprobación de un plan hidrológico nacional que contemple inversiones reales.

En opinión de la organización, una comunidad como Andalucía, con más del 34% de la producción agraria nacional, debe contar con un paquete de inversiones en infraestructuras hídricas, que permita construir una red modernizada y adaptada a las necesidades reales de los productores de la comunidad. En este sentido, la federación recuerda que el Gobierno central tiene a su disposición una herramienta económica como los fondos Next Generation que puede emplear para impulsar el regadío nacional y reforzar el sector agroalimentario de regiones como la de Andalucía, que en los últimos años ha ejecutado numerosas inversiones para hacer de la agricultura y de la ganadería el motor económico de las zonas rurales.

Por otro lado, las soluciones planteadas por el Gobierno para paliar el indiscriminado incremento de los costes de producción son también escasas, a juicio de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Los abonos, las semillas, los piensos y el agua iniciaron una subida de precios hace más de un año, que ha llegado a suponer un incremento de hasta el 100% en algunos inputs y materiales necesarios para la producción. A ello hay que sumar la escalada de la energía y del combustible que empezó a producirse a finales de 2021 y que, sin ninguna duda, se ha recrudecido con el conflicto bélico iniciado por Rusia en Ucrania. El sector agrario precisa de una mayor bonificación de estos conceptos, bien a través de la rebaja del IVA o bien con tarifas específicas de electricidad, como ya existe con el gasóleo.

En relación a los anticipos de la PAC, la federación critica que el Gobierno disfrace de medida un adelanto económico que es, simple y llanamente, el fruto del trabajo de los agricultores y los ganaderos andaluces. La organización lamenta que el Estado se resigne a compensar la falta de renta de los productores nacionales con el dinero del marco europeo y que no vertebre un plan de modernización e internacionalización del sector agrario español.

UPA VE QUE LOS PASOS VAN EN BUENA DIRECCIÓN PERO QUE SON INSUFICIENTES

«Un primer paquete de medidas que van en la buena dirección, pero no son suficientes». Esa es la valoración que hace el secretario general de UPA Andalucía, Cristóbal Cano, después de conocer lo aprobado por el Gobierno. “Es un primer paso, pero no cubre las necesidades de los agricultores y ganaderos para compensar los daños que están sufriendo nuestras explotaciones por la sequía. Entre las cuestiones que más echamos en falta, Cristóbal Cano destaca que “no contempla ayudas directas, una línea que hemos pedido desde la Organización y que, no obstante, el propio ministro se ha comprometido en plantearla en el próximo consejo de ministros del día 21”.

Un plan de ayudas directas que a su juicio se podría hacer “mediante la dotación de fondos Feader no ejecutados por las comunidades autónomas”, y para cuya autorización se ha pedido a la Comisión Europea que puedan traspasarse dichos fondos para contemplarlos como ayudas directas para agricultores y ganaderos. “Vamos a seguir reivindicando esta medida, porque entendemos que esas ayudas son una de las mejores soluciones para que nadie se quede atrás y puedan compensarse las cuantiosas pérdidas ocasionadas por la sequía”, argumenta Cristóbal Cano.

Asimismo, en UPA Andalucía echan en falta “la autorización, de forma inminente, de los adelantos de las ayudas de la PAC” y, sobre todo, “un paquete de medidas que amortigüe los costes de producción tan elevados que estamos soportando en materia de gasóleo agrícola, de fertilizantes, fitosanitarios o energía eléctrica. Incrementos que están poniendo al límite la viabilidad de miles de explotaciones en nuestra región”, concreta Cristóbal Cano.

El secretario general de UPA Andalucía también señala que “volvemos a reivindicar mejoras en lo que tiene que ver con la cobertura de los seguros agrarios, porque, aunque se contempla un aumento de la dotación presupuestaria, consideramos que la medida no es suficiente. Entendemos que hace falta rediseñar el seguro para que, en situaciones de sequía, dé cobertura a los agricultores y ganaderos, algo que no sucede en la actualidad”.