El Gobierno francés ha presentado una serie de medidas en favor de los agricultores que han llevado a los principales sindicatos del sector a pedir este jueves el fin de las protestas, que durante dos semanas han mantenido bloqueos en decenas de tramos de autopistas y carreteras.

La mayor parte de esas medidas, que el primer ministro Gabrial Attal ha resumido en principios, como la «soberanía alimentaria», la defensa de la «excepción agrícola francesa» y la «protección» de los sectores vulnerables, se pueden agrupar en los siguientes bloques:

NO A MERCOSUR Y RECIPROCIDAD EN LOS ACUERDOS EUROPEOS

Francia seguirá rechazando, como lo viene haciendo desde que se alcanzó en junio de 2019 el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), que la Comisión Europea y países como Alemania y España quieren continuar negociando.

Con el argumento de que los productos del bloque sudamericano no cumplen muchas reglas europeas sanitarias (el ganado se puede engordar con hormonas) o medioambientales (se utilizan fitosanitarios prohibidos en Europa y no hay compromisos contra la deforestación, como querría París), Francia exige ‘cláusulas espejo‘.

En esa misma línea, París quiere que la UE asuma el principio de que los acuerdos comerciales que se discutan en el futuro tendrán que incorporar esas ‘cláusulas espejo’ en aplicación del principio de reciprocidad para evitar la competencia desleal.

La Comisión Europea ya ha dado su visto bueno para limitar las importaciones de pollo, huevos y azúcar ucranianos a la Unión Europea porque han desestabilizado esos mercados, después de que se hubieran hecho abierto las fronteras sin aranceles a Kiev como medida de apoyo por la invasión de Rusia. Francia quiere ir más lejos y extender las limitaciones a los cereales.

NO A LOS ALIMENTOS TRATADOS CON FITOSANITARIOS PROHIBIDOS

Dentro de las medidas acordadas, el Gobierno francés aplicará una «cláusula de salvaguarda» para prohibir en un primer momento la importación de frutas y hortalizas que tratadas con el pesticida tiacloprid, prohibido en los campos europeos desde 2020 por el daño que causa a las abejas.

París pretende adelantarse, con lo que es una forma de derogación del mercado único, a una medida que los Veintisiete no han adoptado de forma colectiva y pretende arrastrar al resto de sus socios comunitarios de nuevo en nombre de la lucha contra la competencia desleal.

En paralelo, pide la creación de una «fuerza europea de control» para luchar contra el fraude a las reglas de la UE y para que eso se haga de forma uniforme y sin coladeros.

El plan francés de reducción de los fitosanitarios que estaba en marcha queda congelado hasta finales de mes para revisarlo y las autoridades han instruido a los organismos de regulación que alineen su calendario con el de la Autoridad Europea de Seguridad de los Alimentos (EFSA).

En respuesta a las quejas de los agricultores, el objetivo es que no haya en Francia productos prohibidos que se pueden utilizar en otros países europeos, pues deja en desventaja competitiva a los productores galos.

CONTROL DEL PRECIO PAGADO A LOS AGRICULTORES EUROPEOS

Se han movilizado 150 agentes antifraude para verificar que se cumple la llamada ‘ley Egalim’ (similar la Ley de la Cadena Alimentaria española, que obliga a que industriales y distribuidores paguen a los agricultores unos precios que cubran por lo menos sus costos.

El Gobierno se ha comprometido no sólo a duplicar esos controles en Francia, que pueden dar lugar a multas de hasta el 2 % de la facturación de las empresas infractoras (hay cuatro industriales que tienen abiertos expedientes), sino también en otros países europeos.

En concreto, se va a verificar que, como algunos sospechan, los grupos de distribución que tienen supermercados e hipermercados en Francia utilizan sus centrales de compras en países vecinos como España, Bélgica o Países Bajos para «puentear» el dispositivo de Egalim.

El Ministerio de Economía tiene intención de comprobar que los contratos negociados en el extranjero por esas centrales de compra -de las que se dice que se han instalado allí para eludir el control de París- para productos que se venden en el mercado francés cumplen con la regla de cubrir los costos de los agricultores.

Ese control, según insiste Economía, sólo afectará a los productos agrícolas franceses, pero no por ejemplo a las frutas y hortalizas españolas destinadas al mercado francés.

No obstante, París también quiere poner en pie con la Comisión Europea que salga de las elecciones a la Eurocámara de junio una red europea para endurecer el régimen de supervisión al que están sometidas esas centrales de compra, creadas por los grandes distribuidores para tener una mayor capacidad de negociación.

MÁS DE 400 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS SECTORIALES

Desde los primeros anuncios el viernes de la semana pasada, el Ejecutivo francés ha desgranado nuevos dispositivos de ayuda para sectores en dificultades por un total de más de 400 millones de euros.
El más importante es para la viticultura, con 80 millones de euros, en particular para Occitania y otras regiones en crisis, a los que se suma una prima de 150 millones para el arranque de viñas.

Los ganaderos recibirán 150 millones, además de otros 50 millones de un fondo de urgencia para las granjas afectadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica, que además recibirán el reembolso del 90 % de los gastos veterinarios.

La agricultura ecológica, afectada por un bajón de la demanda tras el choque de la covid, recibirá 50 millones.

Además, el Gobierno de Emmanuel Macron abandona sus planes para reducir progresivamente las exenciones fiscales al gasóleo agrícola de aquí a 2030, que había diseñado en nombre de la transición ecológica. Ese giro se justifica oficialmente porque por ahora no hay energías alternativas para los tractores que consumen gasóleo.

Finalmente, desde finales de febrero los agricultores podrán cobrar las deducciones que habían avanzado en 2023 y que tenían pendientes. Y desde julio las exenciones se les descontarán directamente cuando compren el combustible.