Las explotaciones agrarias con pérdidas de producción bruta de los cultivos del 30% como consecuencia de la sequía podrán beneficiarse de la exención de cánones y tarifas. Pero para ello deberán formar parte de los ámbitos territoriales determinados por el Ministerio, después de escuchar a las comunidades autónomas y las organizaciones representativas.
Así lo dispone también la Ley de Medidas contra la Sequía recientemente aprobada. Obviamente, la exención de cánones y tarifas es una buena noticia, que hay que valorar positivamente, pero su condicionamiento a las pérdidas de producción bruta y no a la disminución de la dotación (como en decretos anteriores) puede hacer enormemente compleja la tramitación de estas exenciones.
Legislar en abstracto, y de espaldas a la realidad, nunca es buena idea. Y la realidad es que los cánones son girados a las Comunidades de Regantes y las Comunidades de Regantes no tienen información veraz sobre las pérdidas de la producción de sus explotaciones agrarias. Establecer esta sujeción es obligar a las CR y a sus asociados a un sobresfuerzo administrativo completamente innecesario. La pregunta es: ¿cómo van a justificar las Comunidades de Regantes esas pérdidas de producción de las explotaciones agrarias de sus comuneros? ¿Cómo se va a calcular la perdida de producción de cada explotación? ¿Hay algún procedimiento previsto para el cálculo de la pérdida de producción? y quien hace este cálculo? y quien lo valida?
Evidentemente, las Confederaciones Hidrográficas no deberían emitir el Canon y Tarifa de riego hasta que no esté calculado las pérdidas de producción de las explotaciones agrarias de las Comunidades de Regantes, pues de lo contario, obligaría a las CCRR a recurrir y solicitar la suspensión de las liquidaciones, por la menores producciones de sus explotaciones agrarias debidamente acreditada.
Con la acreditación de la disminución de la dotación, todo era mucho más sencillo. Podemos estar de acuerdo en que las pérdidas de la producción suponen un criterio más preciso y si se quiere más justo. Pero nadie mejor que los políticos para saber que lo mejor es, a veces, enemigo de lo bueno y que lo que hay que buscar en la política y en la gestión pública no es el óptimo ideal, sino el óptimo posible y real.