Paralelamente se potencian instrumentos de cooperación entre las Administraciones públicas, a partir de las experiencias desarrolladas en los últimos años, facilitando el desarrollo conjunto de actuaciones con la finalidad de lograr una utilización más eficiente de los recursos.
Un elemento fundamental es el sistema de protección, que busca garantizar la adecuada y veraz información al consumidor y el respeto a la competencia leal entre los productores. Para ello se regula la protección desde la producción a la comercialización, presentación, publicidad, etiquetado así como su utilización como nombres de dominio en internet.
Se refuerza el papel de los Consejos Reguladores
A su vez, se reconoce y refuerza el papel de los Consejos Reguladores como órganos de gestión de las DOP e IGP y de colaboración de la administración, para el adecuado desarrollo de estas figuras. Para ello se les dota de una personalidad jurídica propia y de un sistema de funcionamiento basado, fundamentalmente, en el derecho privado.
En la norma se crean 9 Corporaciones de Derecho Público para todos los Consejos Reguladores existentes, los cuales han comunicado su voluntad de acceder a esta fórmula (Cava, Rioja, Jumilla, Idiazábal, Jamón de Huelva, Carne de Ávila, Guijuelo, Espárrago de Navarra y Calasparra).
En lo que respecta al control oficial se ofrece un modelo compatible con la normativa comunitaria y que ofrece seguridad jurídica a los operadores. En este sentido se otorga a la Agencia de Información y Control Alimentarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, funciones de control oficial.
Además, también se recoge la posibilidad de delegar tareas específicas de control en organismos de certificación de producto.
Más de 300 DOP e IGP en toda España
España se caracteriza por ser un país con gran diversidad medioambiental y agrícola lo cual tiene reflejo en el reconocimiento de un gran número de alimentos con características propias de calidad debidas al ámbito geográfico en que han tenido origen, fundamentalmente, en forma de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP). A través de las cuales se pone en valor y ayuda a conservar nuestro rico patrimonio gastronómico y cultural.
De forma paralela las DOP e IGP se consideran como un elemento que favorece la diferenciación de la producción y que contribuye al incremento de la competitividad de las industrias agroalimentarias, ofreciendo productos de calidad al consumidor.
Al mismo tiempo, son un instrumento vertebrador en el desarrollo y sostenibilidad de los tejidos rurales y sirven para fomentar la utilización de recursos genéticos autóctonos, por todo ello constituyen una seña de promoción de la imagen de los productos españoles en el exterior.
En España existen 323 DOP e IGP registradas, de las cuales 12 son de ámbito territorial supraautonómico: Cuatro de vino (DOP Cava, DOP Rioja, DOP Jumilla e IGP Ribera del Queiles), dos de jamón (DOP Guijuelo y DOP Jamón de Huelva), dos de queso (DOP Idiazábal e IGP Queso de los Beyos), dos de carne (IGP Carne de Ávila e IGP Cordero Segureño), una de arroz (DOP Calasparra) y una de hortalizas (IGP Espárrago de Navarra).
El valor económico de las mismas alcanza en vino 1.579 Millones de €, lo que representa el 60% del total de los vinos con DOP y en productos no vínicos 113,6 Millones de euros, lo que supone el 10,7% del total de estos productos con DOP o IGP. A su vez la superficie afectada alcanza en caso de los vinos 117.550 has y para los productos agrícolas (Calasparra y Espárrago de Navarra) se sitúa cerca de 2.000 hectáreas.