La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv) considera «un grave error» que el Gobierno aumente los impuestos a «productos intermedios», ya que considera que esta subida de tasas afectarán a productos de las denominaciones de origen Málaga, Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, Montilla-Moriles o Condado de Huelva.
En un comunicado, la Cecrv ha afirmado que la inclusión de los productos intermedios en la subida de impuestos especiales -aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros- hará que algunos de los productos vitivinícolas «más tradicionales y reconocidos internacionalmente» se vean afectados por un impuesto especial del 5%.
Critican que no se ha valorado la «función social» de la vitivinicultura de estas Denominaciones
Es el caso de los vinos de licor, dulces y generosos, categorías de productos que «no dejan de pertenecer a la familia del vino» pero que «se encuentran injustamente discriminadas por esta decisión», ha añadido.
En este contexto, la Cecrv ha solicitado que «en el más corto plazo de tiempo posible el Gobierno reconsidere su decisión y valore en su justa medida la importancia que estos productos vitivinícolas tienen para sus respectivas zonas».
Para la organización, se trata de «productos identificativos» de sus respectivas zonas, «que llevan el nombre de éstas por el mundo», «con una historia centenaria y con un arraigo y un valor cultural que han contribuido y contribuyen al desarrollo cultural y económico de estos territorios».
Vinos que «refuerzan y hacen aumentar el valor de la marca España en los mercados internacionales», ha defendido en contra de esta subida de tasas.
Según la Cecrv, el valor añadido que los vinos de licor, dulces o generosos proporcionan a las DOs de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, Málaga, Montilla-Moriles y Condado de Huelva en términos de imagen y de prestigio «es muy importante y favorece la atracción de turismo, la captación de inversión extranjera, la financiación de estas zonas y de sus empresas y la internacionalización».
Ha valorado la «función social» de la vitivinicultura de estas Denominaciones porque fijan población al territorio, abren oportunidades de trabajo sostenible para los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y crean riqueza económica en el rural.
Para la Conferencia, perjudicar al sector vitivinícola de estas zonas «es un error grave» que puede provocar un daño económico en términos de pérdida de puestos de trabajo y de ingresos para sus poblaciones, «mucho más grande que el impacto recaudatorio que para las arcas públicas pueda suponer el impuesto especial al que van a estas sujetos estos productos intermedios».
La Cecrv representan a 52 Denominaciones de Origen vitivinícolas, 3.607 bodegas y 111.583 viticultores.