En el debate, han destacado las diferencias sobre cómo repartir las ayudas -si entre regiones homogéneas productivas o administrativas-, sobre qué número de hectáreas tendrían derecho a percibirlas, sobre la definición de agricultores activos o si deben ponerse o no techos a los grandes perceptores, entre otros asuntos polémicos.
Por su parte, los grupos nacionalistas han avisado que tienen transferidas las competencias en agricultura.
Para Salanueva, "no se puede dar el mismo tratamiento a todos los sectores" con una tasa plana o ayuda igualada como si fuera "un café para todos" y el ganadero necesita "una discriminación positiva".
Ha pedido en su intervención dividir el Estado por regiones "productivas" y "no administrativas" para la gestión y reparto de las ayudas de la PAC, subvenciones que deberían destinarse a superficies "productivas" y favorecer los regadíos y "no ir al bolsillo de los propietarios", sino a los agricultores activos.
Carlos Manuel Cotillas (Grupo Parlamentario Popular, GPP) ha recordado que se ha pasado "de no hacer nada por parte de un Gobierno de España -el anterior- a tener un ministro de Agricultura actual que ha trabajado duro en la UE", que ha logrado aliados en Europa y que aboga por alcanzar una política nacional agraria.
Cotillas ha asegurado que los agricultores estarán en una "situación similar" en cuanto a la recepción de fondos para el marco 2014-2020 y con "mejores perspectivas", al contar con más dinero en ayudas directas y al desarrollo rural (400 millones suplementarios), que se suman a 4.200 millones para desarrollar medidas del mercado.
La senadora del Grupo Parlamentario Socialista (GPS), Fuensanta Coves, ha recordado en su intervención que aún se puede mejorar la propuesta financiera de la UE, después de una negociación española "que no ha sido un éxito" por el recorte de un 13% que ha estimado para las ayudas directas a los agricultores y ha remarcado las incertidumbres que plantea la PAC.
Ha denunciado el reparto actual, con ayudas millonarias cada año -ha dicho- para empresas como Mercadona, Carrefour, Gallo, Nestlé o la Casa de Alba frente a pequeñas explotaciones que cobran 500 euros, por lo que ha defendido poner "un tope" a los primeros perceptores.
"No debería ser tiempo para los recortes de los fondos públicos de la UE", ha afirmado José Manuel Mariscal Cifuentes del Grupo Parlamentario Mixto (GPMX), quien ha pedido que se apueste por la cohesión y los sectores estratégicos y por una PAC 2013-2020 que de prioridad a los agricultores profesionales y consiga "precios remuneradores" para los productores.
Isidro Manuel Martínez Oblanca (también del GPMX) ha reclamado un marco estable para el campo y una PAC que contribuya al soporte económico del medio rural, especialmente de las zonas de montaña y desfavorecidas, para las que ha pedido un tratamiento específico -caso del vacuno de leche- por la "discriminada" que sufren frente a los agricultores en el reparto de las ayudas directas.
El senador catalán del GPEPC, Francisco Boya, ha solicitado una mejor redistribución de los recursos para evitar que un 6% de los perceptores, grandes explotaciones en su mayoría, acaparen el 51% de todos los recursos económicos, y para potenciar además en el nuevo marco la competitividad del sector primario y sus rentas.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco (GPV), José María Cazalis ha defendido una "regionalización administrativa", que se adaptaría mejor a la configuración de Euskadi: "queremos gestionar lo que nos corresponda de la PAC", al contar con las competencias plenas en agricultura según recoge el Estatuto de Guernika, ha recalcado.
Manel Plana (GPCIU) también ha exigido al ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, que se respeten las competencias de las comunidades autónomas porque éstas son capaces de asumir sus responsabilidades para un buena aplicación y reparto de los fondos económicos que llegan de la Unión Europea (UE).