Decían desde la UPA nacional que se debe tener prudencia antes de posicionarse sobre lo que ha sucedido en las sedes de la UPA-UCE, en una operación policial que ha acabado con cinco detenidos por fraude en subvenciones y blanqueo de capitales, incluyendo el arrestro de su secretario regional, Ignacio Huertas. Y tienen razón, todavía es pronto para sacar consecuencias, aunque la pinta no es nada halagüeña y las consecuencias, nefastas.
Sin embargo, y a la espera de que poco a poco se vaya sabiendo más información sobre esta operación policial, ya hay dos cosas claras: el daño que se ha hecho a los agricultores será difícil de superar y se ha abierto una puerta para que la Comisión Europea inicie una investigación mayor de las ayudas no a la UPA-UCE, sino a todas las organizaciones agrarias y al sector en general.
El daño radica en que parecía que en el sector agrícola española se hacían las cosas de otra manera. (En este país todo es distinto… hasta que deja de serlo) Todo el mundo sabe que hay sus más y sus menos, pero que la defensa de los agricultores y ganaderos estaba por encima de todo. Ahora, como ya pasó con aquel líder histórico de la minería de Asturias que defraudó a Hacienda 1,4 millones de euros, las sospechas sobre todos los dirigentes, muchos de ellos históricos, va a pesar demasiado.
La posible implicación en una trama para beneficiarse de las subvenciones europeas (dicho sea antes de que se confirme oficialmente esto) va a ser un duro golpe para todo el sector y va a crear muchas heridas difíciles de cerrar.
Como difícil será también cerrar las dudas que se van a crear en la CE, que si ya de por sí ponía muchas pegas, ahora va a incrementar los controles de cada euro que llegue.
No sé qué ha pasado realmente con esta presunta trama, pero la simple sospecha de que exista es una de las peores noticias que podía recibir la agricultura española.