EFE.- Estas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado el Grupo de Trabajo de Promoción del Consejo de Defensa de la Competencia (CTPC) tras analizar diversos aspectos de las normativas autonómicas que regulan las condiciones de apertura de comercios.
En el documento se destaca que aunque la regulación aplicada hasta la aprobación de la Directiva de Servicios tenía como principal objetivo defender a los pequeños comercios, dicha defensa ha sido, en general, "infructuosa", dada la continua disminución de la superficie ocupada por este formato frente al aumento del mediano y gran comercio.
El informe, publicado hoy por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), señala entre las restricciones al comercio la exigencia de licencias o autorizaciones de apertura que no se adecúan a los principios de necesidad, proporcionalidad y mínima distorsión de la competencia que fija la Directiva o que están supeditadas a test económicos "más o menos encubiertos".
Otros elementos que restringen la implantación de comercios son la incorporación en el planeamiento urbanístico de reserva de suelo para usos comerciales o una clasificación sectorial de establecimientos basada en criterios como la integración en la trabaja urbana o el número de habitantes.
El régimen jurídico de horarios comerciales y periodos de rebajas mantiene las limitaciones tradicionales, y los locales comerciales de tamaño más pequeño no aprovechan la ventaja competitiva que puede suponer el disponer de una mayor libertad horaria que las grandes superficies, lo que hace que esta regulación sea "injustificada e ineficaz", añade el documento.
Para el grupo de trabajo, la constatación de la persistencia generalizada de estas restricciones pone de manifiesto la necesidad de que las autoridades autonómicas de competencia "realicen una efectiva labor de identificación, seguimiento y control" de las mismas y propongan las modificaciones normativas que consideren necesarias para eliminarlas.
Además, pide que se analicen las consecuencias negativas que tiene para el consumidor el mantenimiento de una regulación restrictiva de grandes comercio, como por ejemplo en precios o variedad de productos ofertados.
El grupo de trabajo recomienda también que se estudie cómo afectan estas restricciones a la adecuación de los servicio comerciales a las necesidades y preferencias de los consumidores, así como el valor de mercado de las licencias en los procesos de concentración empresarial.