Las comunidades de la Cornisa Cantábrica (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) se distancian de la PAC del ministro Planas y han pactado este martes un documento, que trasladarán al Gobierno central, para exigir que se tengan en cuenta las peculiaridades de estos territorios en el diseño y la distribución de las ayudas de la futura PAC (Política Agrícola Común) 2023-2027.

Las cuatro autonomías defienden que el Plan Estratégico nacional de la PAC reconozca el modelo de explotación familiar agraria sostenible del norte de España y exigen al Ministerio, desde una posición «constructiva y leal», que tenga en cuenta esas particularidades, expuso esta mañana en rueda de prensa el titular de Medio Rural de la Xunta de Galicia, José González.

Los consejeros de Medio Rural de las cuatro autonomías de la Cornisa Cantábrica firmaron hoy por vía telemática un documento conjunto con su postura común al respecto en el que muestra su preocupación por la orientación «mediterránea» del Ministerio en esta materia, como expresó el representante gallego.

ESTAS CCAA TIENEN UN PORCENTAJE DE SUPERFICIE CON DERECHOS DE PAGO MUY INFERIOR A LA MEDIA ESPAÑOL Y PIDEN CORREGIRLAS ANTE LA TRANSICIÓN HACIA UN SISTEMA DE PAGO POR SUPERFICIE

En rueda de prensa posterior a la firma del documento, el conselleiro de Medio Rural de la Xunta destacó que los territorios que conforman la Cornisa Cantábrica tienen en común unas características peculiares, como sus explotaciones, que en la mayoría de los casos tienen un tamaño pequeño o mediano y un carácter profesional, pero eminentemente familiar, y que su orientación productiva tiene que ver sobre todo con sectores ganaderos como el lácteo, algo que las diferencia de otras zonas de España.

En este sentido, González indicó que en la ayuda básica a la renta de los agricultores y ganaderos es necesario tener en cuenta que las comunidades del Cantábrico tienen un porcentaje de superficie con derechos de pago muy inferior a la media española, por lo que entienden que este desequilibrio debe corregirse como paso previo a una eventual transición hacia un sistema de pago por superficie.

Además, en el documento suscrito se considera «inaceptable» que se proponga la incorporación de las superficies de viñedo, frutas y hortalizas -hasta ahora excluidas y en las que la zona mediterránea resulta claramente beneficiada-, y al mismo tiempo se dificulte la entrada de superficies de otros usos o sistemas productivos (como los pastos arbustivos).

Por otra parte, el representante de la Xunta manifestó que en el diseño de las ayudas a la renta es imprescindible que se reflejen, a nivel estatal, las diferentes realidades existentes de forma que se tengan en cuenta tanto las diferencias entre las dimensiones económicas de las distintas explotaciones como aquellas que se dan entre las diversas orientaciones productivas de los diferentes territorios.

Con respecto a las ayudas acopladas (asociadas a los diferentes sectores), para estas comunidades, González consideró prioritario que se mantengan para los sectores de vacuno de leche, de carne y ovino-caprino con una dotación por lo menos similar al período 2014-2020.

Sobre el denominado ‘capping’ o límite de ayudas, el documento conjunto insiste en la necesidad de establecerlo en los 60.000 euros por explotación, y además se expresa la preocupación porque estos mecanismos pasan a ser voluntarios para los países y no de obligado cumplimiento.

AGRICULTOR GENUINO: RECHAZAN INCLUIR A AQUELLAS PERSONAS QUE PERCIBEN MENOS DE UN CIERTO VOLUMEN DE AYUDAS DIRECTAS

Acerca de definición de ‘agricultor genuino’, también se distancian de la PAC de Planas ya se defiende establecer un porcentaje mínimo, que se propone del 30%, de los ingresos agrarios sobre los totales, excepto para los afiliados a la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en el sector agrario.

Se considera, además, como inadecuada la propuesta del Ministerio de incluir a aquellas personas que perciben menos de un cierto volumen de ayudas directas, con independencia de ese peso de los ingresos en su renta, al entender que «desnaturaliza la propia definición de agricultor genuino».

En cuanto al pago redistributivo, las cuatro comunidades muestran su desacuerdo con que su aplicación deje de ser obligatoria para hacerse voluntaria y reclaman un presupuesto «ambicioso», con un mayor pago a las primeras hectáreas para beneficiar a las pequeñas explotaciones, a aquellas con una dependencia significativa de los ingresos agrarios y siempre dando prioridad a los agricultores profesionales.

Sobre los ecoesquemas, una nueva línea de ayudas comunitarias que priman la sostenibilidad ambiental, las comunidades cantábricas apoyan que se destine a estas ayudas el 20 % del montante disponible para pagos directos. Sin embargo, lamentan que los ecoesquemas propuestos por el Ministerio aborden problemas y realidades productivas características, principalmente, del centro y sur peninsulares.

Por ello, demandan, entre otras cuestiones, la modificación de las propuestas del Ministerio y que se añadan otros ecoesquemas adicionales, para atender su realidad, y, a mayores, defienden introducir, de modo transversal, mejoras como la de aplicar un complemento vinculado a la prevención de incendios o la de incorporar una modulación de la ayuda por estratos de tamaño.

Por último, sobre el segundo pilar de la PAC relativo al desarrollo rural, también se distancian de la PAC de Planas con la reclamación de las autonomías cantábricas, como expresó el consejero gallego, pasa por un incremento de las asignaciones de los fondos europeos de por lo menos el 5 % para ellas, teniendo en cuenta sus necesidades.

Además, con respecto al cofinanciamiento, demandan que se recupere el equilibrio entre las aportaciones de la Administración central y de las comunidades autónomas que se rompió en el período 2014-2020, y consideran que el diseño de las intervenciones de este segundo pilar debe ser realizado por cada comunidad autónoma, en función de la realidad y necesidades específicas de su medio rural.