EFE.- «No solo no se ha cumplido lo pactado en lo referente a la deuda pendiente, de 9,35 millones de euros, sino que tampoco se ha llevado a cabo dentro del plazo en el que el propio consejero se comprometió con nosotras», se denuncia en un comunicado difundido hoy por estas trabajadoras, en palabras de una de ellas, Laura Martín.
Estas trabajadoras de La Aldea sostienen que Hernández ha incumplido también otra parte del acuerdo en que se comprometía a «no solo solucionar el presente que tiene ahogado al sector, sino garantizar el futuro a las miles de familias que viven del tomate de exportación de Canarias».
«Acordamos mantener reuniones para abordar el futuro inmediato con todos los agentes implicados, por lo que convinimos con el consejero que nos convocaría en breve», pese a lo cual «cuatro meses después no hemos mantenido encuentro alguno para garantizar el futuro de nuestra actividad», señala al respecto otra de las afectadas, Fayna Ramírez.
La conclusión de las siete agricultoras, que mantuvieron su huelga de hambre durante una semana del pasado mes de noviembre acampadas ante la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, es que «es falso» el interés que desde el Ejecutivo se ha dicho que existe por su sector de actividad.
«Nos tememos mucho que, como han demostrado hasta la fecha, a este Gobierno y a algunos representantes políticos no les preocupa la desaparición de los puestos de casi 15.000 personas que trabajan en el tomate y que mantienen a miles de familias en Canarias», sentencia en nombre de todas una de ellas, Elisa Castellano.
Su escrito finaliza con el anuncio de que el propósito de este colectivo es «seguir luchando por lo que es de justicia» en relación al sector económico en el que han trabajado.