A este respecto, insistió en que en el Gobierno gallego "no tiramos la toalla" en la búsqueda de soluciones para el sector primario gallego, en aras de encontrar "fórmulas legislativas" que den plena legitimidad jurídica al sector ganadero.
Sánchez acusó a la Xunta y a su presidente de no haber cumplido sus compromisos y de haber "traicionado" al sector, "plegándose a los intereses de la industria".
Juárez defiende la validez de la ley de la cadena Alimentaria
Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, ha destacado las ventajas que el proyecto de ley de la Cadena Alimentaria ofrece a los productores de la Comunidad autónoma, mientras que los ganaderos exigen que se fije un precio mínimo para la leche.
Juárez se reunió con las organizaciones profesionales agrarias gallegas, ante los que insistió en las "ventajas competitivas" que introduce el proyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria para los productores de Galicia.
Concretamente, el delegado del Gobierno se ha reunido que con Francisco Bello, por Xóvenes Agricultores; Roberto García, de Unións Agrarias, e Isabel Vilalba, por el Sindicato Labrego Galego.
Según anunció posteriormente, les pidió que no dejasen pasar la oportunidad de apoyar al Gobierno en una iniciativa que introduce reformas estructurales evidentes, dirigidas a modernizar y mejorar la competitividad de un sector que adolece de una importante debilidad estructural, derivada de su escasa dimensión empresarial y falta de concentración.
En declaraciones posteriores, ha explicado que recordó a las organizaciones profesionales sus comunes y reiteradas demandas de implicación del Gobierno para corregir los desequilibrios existentes entre los operadores de la cadena de valor agroalimentaria: productores, industria y distribución.
En este sentido, ha incidido en cómo este proyecto va a marcar "un antes y un después" en defensa del equilibrio hacia la parte más débil de la cadena.
Ha subrayado que la Ley cumple con un objetivo prioritario al dotarla de capacidad para establecer un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes, aplicable a todos los operadores de la cadena, desde la producción hasta la distribución.
Ha explicado que se está ante un proyecto "muy ambicioso e innovador" y que ha encontrado unos equilibrios "racionales" dentro del "respeto al derecho a la competencia", por lo que instó a las organizaciones agrarias a seguir trabajando conjuntamente por el interés del sector para conseguir los resultados satisfactorios que persigue esta Ley.
Juárez ha incidido en que es precisamente ese modelo mixto de regulación más autorregulación que establece el proyecto el que va a permitir disponer de una normalización del régimen de contratación.
Además, ha valorado que el texto de la Ley asume las principales demandas de las organizaciones agrarias gallegas al recoger aspectos tan importantes como evitar las prácticas comerciales abusivas, prohibir modificaciones unilaterales de los contratos y los pagos adicionales sobre el precio pactado, además de regular el suministro de información comercial sensible y la gestión de marcas.
Unas normas muy concretas
Sobre el marco regulatorio, Juárez ha remarcado que el proyecto establece la obligación de formalizar los contratos por escrito y de incorporar unos elementos esenciales.
Se aplica en situaciones de desequilibrio para operaciones continuadas o periódicas, a partir de 2.500 euros, cuando una de las partes es productor primario o una agrupación productora o pyme, y el otro no, o cuando hay una dependencia económica de la otra parte, excluyendo las operaciones al contado.
Sobre el régimen de control, el delegado del Gobierno ha destacado que la Ley fija una vigilancia administrativa y que, por primera vez, tipifica las infracciones y las sanciones correspondientes, que en función del ámbito de actuación de las partes gestionarán la Comunidad autónoma correspondiente o el Estado.
Además, ha aclarado Juárez, introduce como infracción grave el incumplimiento de los plazos de pago de alimentos, según lo recogido en la Ley de lucha contra la morosidad.