De igual forma reiteran que De acuerdo con esa DIA, la ejecución del Dragado del río Guadalquivir exigiría dar una respuesta previa a la defensa de todas las márgenes del estuario como medida correctora al efecto de deslizamiento de laderas durante la ejecución del canal de navegación y posteriormente del oleaje producido por los barcos de mayores dimensiones en la explotación futura del canal de navegación. Igualmente, es condición previa para el dragado la solución previa a los problemas de salinidad que este proyecto generará en el estuario, con el consiguiente aumento de la demanda de agua en una Cuenca estructuralmente deficitaria. Todos los estudios científicos confirman y avalan esta necesidad, sobre la que el anterior ministro Arias Cañete fue mi explícito: “no voy a pasar a la historia por ser el ministro que consiente la salinización del estuario”.
Asimismo, señalan que la ejecución del Dragado del río Guadalquivir "debe supeditarse, por tanto, a la puesta en marcha de un plan de medidas correctoras y compensatorias para todos los afectados, y muy especialmente el Proyecto de protección de márgenes del estuario y al proyecto de Modernización del Sector Arrocero, principal, pero no único, sector económico perjudicado por el dragado".
En este sentido, insisten en eñalar que no se ha producido avance alguno concreto en relación con estas medidas y que de hecho el presupuesto que maneja el Puerto para todo el proyecto de dragado "es completamente insuficiente, y ni siquiera da para abordar en su totalidad las duras medidas ambientales exigidas por la DIA".
Una interpretación "falaz y demagógica"
De igual forma destacan que la interpretación que la Autoridad Portuaria de Sevilla ha realizado sobre la reciente sentencia de la Audiencia Nacional en relación con un recurso presentado por una organización ecologista, "es falaz y demagógica, pues no hay en esa sentencia una sola línea sobre el fondo de la cuestión, y menos aún una línea despejando el camino al dragado, como se ha vendido”.
Se trata para OPAs y regantes, de "otra venta más de humo, característica de la forma de proceder de la Autoridad Portuaria en los últimos años, y agravada en los últimos meses, en los que sus representantes vienen insistiendo en la necesidad de acabar el dragado antes de final de año cuando la realidad es que a día de hoy ni siquiera han presentado un proyecto de márgenes que aclare qué medidas correctoras son las que van a poner en marcha".
Incumplimento de la legislación en caso de cambiar el proyecto
En relación al proyecto del dragado del Guadalquivir, "si finalmente llega a acometerse, es un proyecto que necesita tiempo, el tiempo que ha perdido la Autoridad Portuaria de Sevilla todos estos años atrás (ya van para más de diez años), queriendo ignorar la necesidad de acometer y buscar financiación para las medidas correctoras y compensatorias de impacto ambiental y de protección de la actividad agrícola".
Tanto es así que la realización del dragado en dos fases, del que se ha hablado en estos últimos meses, "lejos de facilitar y acelerar los tiempos, los ralentizaría, pues exigiría una nueva DIA, según el criterio del propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pues la actual DIA está concebida para un dragado completo".
Asimismo, se quiere recordar nuevamente que los empleos y sectores que están realmente en juego en este proyecto son "los que se perderían en caso de una ejecución precipitada, sin compensaciones a los afectados, y sin soluciones a la salinidad. Estamos hablando de miles de empleos directos e indirectos, vinculados al regadío en el Guadalquivir, desde la presa de Alcalá del Río hasta la desembocadura, tramo que quedaría trágicamente marcado por el incremento de la salinidad, la turbidez del río y, como se ha puesto de manifiesto desde el sector científico, por un grave desequilibrio del estuario del Guadalquivir".
Pérdida de empleo agrario, pero también de la pesca y del turismo
Por ello, insisten "estamos también hablando de la pérdida de miles de empleos directos vinculados a la pesca e incluso al turismo. Y por supuesto de todo el empleo indirecto asociado a la industria agroalimentaria e industria derivada de estos sectores. Empleos reales y no previsiones basadas en puras conjeturas".
Por último, "una vez más", piden a las administraciones públicas y partidos políticos que actúen en todo momento en defensa de la legalidad y de los intereses generales, sin dejarse llevar por intereses partidistas o conveniencias “preelectorales”. Idéntica petición formulan al resto de representantes empresariales y sindicales, para que en efecto sean representantes de todos los intereses comunes de sus asociados, y no sólo de una parte.