Tras negociar durante gran parte de la jornada y votar hasta tres borradores diferentes, los ministros lograron la mayoría cualificada necesaria para dar luz verde a la directiva, con los votos en contra de Bulgaria, Rumanía, Polonia y República Checa.
No obstante, las reticencias de estos y otros Estados miembros obligaron a la Presidencia irlandesa de turno de la UE a hacer concesiones significativas a partir del texto inicial, concebido para reducir el tabaquismo en la Unión.
Una de las principales novedades es que las cajetillas deberán presentar una "advertencia sanitaria combinada de imagen y texto" que cubra el 65% la superficie de todas sus caras, un tamaño inferior al que había propuesto inicialmente la CE, del 75% de la superficie de las cajetillas.
Las imágenes disuasorias mostrarán los efectos del tabaco en la salud y serán similares a las ya empleadas en varios Estados miembros, entre ellos España, donde actualmente los textos y fotos de advertencia cubren el 50% de las cajetillas (el máximo contemplado por la normativa europea en vigor).
Un periodo transitorio de tres años para quitar los aromas
La directiva también prohíbe aquellos aditivos y aromas en los cigarrillos y productos derivados que mejoren su sabor y puedan aumentar su atractivo para los jóvenes, como los aromas de mentol, frutas o de chocolate.
Esta prohibición se aplicará con un período transitorio de tres años con vistas a "facilitar la retirada de estos productos" a los fabricantes y a los fumadores, explicaron fuentes comunitarias.
Las reticencias de algunos países también han suscitado que el texto final no incluya la prohibición de los cigarrillos "slim" (delgados).
Otra novedad es la regulación de la venta de los cigarrillos electrónicos, para los que no existía ninguna normativa específica en muchos Estados miembros -España entre ellos-, ni a nivel europeo.
Este tipo de cigarrillos podrán ser vendidos como hasta ahora siempre que no sobrepasen determinado nivel de nicotina, y a partir de este tope sólo podrán distribuirse como "productos médicos" para terapias antitabaquismo.
Con todas estas medidas, la UE pretende reducir el impacto de las enfermedades relacionadas con el tabaco, que cada año provocan unas 700.000 muertes en los Veintisiete y generan un gasto de 25.300 millones de euros para los sistemas sanitarios nacionales, según datos de la CE.
La sanidad apoya la norma, pero el sector recalca el daño que hará
España expresó su apoyo a la nueva normativa, y valoró especialmente la prohibición de la venta a distancia de cigarrillos -incluida a través de internet-, que ya está vigente en España, según destacó la secretaria general española de Sanidad, Pilar Farjas, tras participar en el Consejo.
Se trata de un punto "muy importante que permite a España garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta prohibición, como está ya legalmente establecida en el país", señaló Farjas en declaraciones a los medios.
El acuerdo alcanzado es "importantísimo y muy positivo para la salud de los europeos", destacó la secretaria general, quien añadió que España "ha jugado un gran papel para cerrar la aprobación de esta directiva".
El sector tabaquero español, por su parte, ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a la directiva desde que ésta fue presentada por la CE.
Según datos de la Mesa del Tabaco, que agrupa a los principales productores españoles del sector, la directiva del tabaco pone en peligro 56.000 empleos en este país, así como la aportación anual de 9.800 millones de euros que el sector hace a las arcas públicas en forma de impuestos.
Extremadura sería la Comunidad Autónoma española más afectada por una eventual bajada de la producción tabaquera, ya que acapara el 92,5% del cultivo total en España.