A continuación, las tres instituciones deberán trabajar juntas para acordar un texto común.
"Estoy muy satisfecho de que podamos por fin entrar en esta fase final formal de negociación de la reforma, con el objetivo de concluirla para finales de junio o, a más tardar, en julio", indicó en una rueda de prensa el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos.
Además, celebró que tanto el Parlamento como el Consejo "han confirmado las grandes orientaciones de la reforma propuestos por la Comisión".
Por el momento, el PE y el Consejo -colegisladores en esta materia- coinciden ampliamente en que el 30% de los pagos directos de la PAC se conceda a cambio de realizar prácticas ecológicas; que haya una distribución más "justa" de los fondos entre los países, regiones, sectores y agricultores, o que se mejore la política de desarrollo rural y los mecanismos de mercado sean más eficaces.
Los pagos directos, los más conflictivos
En cambio, uno de los puntos donde persisten más diferencias es en el reajuste de los pagos directos a los agricultores dentro de los Estados miembros, cuestión en la que la CE defiende repartir más las ayudas entre las explotaciones que han recibido "menos apoyos en los últimos años".
También falta consenso en el capítulo de las prácticas ecológicas que deberán incorporar los agricultores, algo que la Comisión ve necesario tanto para la buena gestión de los recursos naturales como para la competitividad a largo plazo de las explotaciones.
La CE ha insistido en que esas medidas "verdes" deben ponerse en marcha en toda la UE de forma obligatoria, lo que implica que haya un régimen de sanciones en el caso de que no se cumplan.
Otro tema aún por resolver es la posibilidad de que haya instrumentos adicionales para apoyar a los jóvenes agricultores, las pequeñas explotaciones y las áreas menos favorecidas (que la CE quiere que sean obligatorias en toda Europa), y de que se incremente la transparencia de las ayudas.
Demasiadas diferencias iniciales
Tampoco hay consenso todavía entre las tres instituciones sobre las medidas para mejorar la competitividad de las organizaciones de productores, las asociaciones interprofesionales y la cadena de suministros.
Sobre la cuestión de limitar las ayudas a las grandes explotaciones, la CE quiere que se vayan reduciendo los pagos básicos (pero no los pagos directos por medidas ecológicas) por encima de los 150.000 euros y de un máximo de 300.000 euros, de forma que los fondos ahorrados se desplazarían a proyectos de desarrollo rural en el mismo país o región.
Ciolos dejó claro que el objetivo es que la base jurídica de la reforma esté operativa para el 1 de enero de 2014, aunque reconoció que en ese supuesto será necesario un "año de transición" en el apartado de los pagos directos, que sólo podrán concederse sobre la base de la nueva PAC a partir de 2015.
Según dijo, los agricultores depositan sus peticiones de ayudas a primeros de año, por lo que no dará tiempo a que se acabe de tramitar y trasponer en los Estados miembros la nueva legislación para que las solicitudes presentadas en 2014 sean gestionadas sobre su base.