Pilar Martínez defiende, en una nota de prensa, que, para lograr un equilibrio entre la conservación del entorno y las actividades económicas tradicionales como agricultura, ganadería o pastoreo, es fundamental basar la política de protección territorial en estudios científicos y técnicos rigurosos y fiables de las necesidades y en contar realmente con los ciudadanos y asociaciones para el desarrollo de programas medioambientalmente sostenibles. De hecho, la Unión Europea exige la participación ciudadana para la aprobación de los planes de gestión Red Natura.
La letrada también aboga por la profesionalización de los gestores de los espacios naturales y que el reparto de los fondos Feder 2014-2020 se realice teniendo en cuenta en criterios racionales.
Pilar Martínez señala que existen varias sentencias del Tribunal Supremo a favor de los demandantes por falta de presupuesto económico y audiencia de los afectados por la declaración de un territorio como espacio Red Natura. La abogada, con sede en Madrid y ámbito de actuación en toda España, ha obtenido importantes casos de éxito en esta materia.