En el primero de los dos "trílogos" que las tres instituciones programaron abordaron uno de los temas que más preocupan a España: la "convergencia interna" o cómo se repartirán los pagos directos (el grueso de las ayudas de la PAC) a nivel nacional.

   La CE, que en un principio quería imponer una "tasa plana" por hectárea para todos los agricultores europeos, propuso después, tras el rechazo de grandes potencias agrícolas como España, Francia o Italia, un umbral mínimo de convergencia de las ayudas en 2019 a nivel nacional del 75% del pago medio regional por hectárea, una cifra aún muy elevada para muchos países.

   Este lunes la Comisión, los eurodiputados y los ministros han protagonizado un "acercamiento" en ese aspecto y estudian rebajar ese porcentaje a "entre el 50 y 70%", si es que ningún sector sufre pérdidas de más del 30%, indicaron fuentes comunitarias.

   El ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete, indicó a su llegada a la reunión que el objetivo de España es que los agricultores y los distintos tipos de cultivos en España sigan percibiendo el mismo nivel de apoyos, sin que algunos dejen de recibir ayudas que mermen su competitividad.

Apoyo del comisario europeo a la diversidad del campo español

   Para mitigar el impacto de la "convergencia interna", España solicita una regionalización "muy flexible", excluir a todos los pequeños agricultores, disponer de un suelo de convergencia más bajo y establecer cláusulas de limitación de pérdidas, algo que el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, consideró que puede ser una solución para la diversidad del campo español.

   La eurodiputada socialista Iratxe García, que forma parte del equipo negociador del PE, confirmó a la prensa al término del primer trílogo el "acercamiento" de posturas sobre la convergencia interna, que llegaría según dijo al 60% del pago regional por hectárea en 2019, siempre y cuando "ningún sector perdiera más de un 30 % de la actual ayuda que tiene en estos momentos".

   Por lo que se refiere a los pagos acoplados (excepcionalmente ligados a la producción), la eurodiputada también vio posible llegar a un acuerdo, aunque "no está todavía abordada todavía la cuestión de la lista de productos" que se beneficiarán de esas ayudas, en la que España quiere que estén incluidos el tabaco y el algodón.

   El Consejo (los países) quiere situar entre el 7 y el 12% el porcentaje del sobre nacional de ayudas de la PAC que irá destinado a los apoyos acoplados.

Habrá negociaciones ya que "nada está cerrado hasta que lo esté todo"

   La CE, el PE y el Consejo iniciaron a última hora de la tarde una segunda negociación a tres bandas que, según fuentes de la presidencia irlandesa de la UE, está previsto que se prolongue por varias horas.

   En esa reunión esperan abordar otros asuntos pendientes como el fin de las cuotas del azúcar, que España quiere que se prorroguen hasta al menos 2017, o los derechos de plantación de los viñedos, que espera que se prolonguen hasta, por lo menos, 2024.

   El PE también presiona para tomar parte en un debate que los líderes de la UE quisieron zanjar en su cumbre de febrero sobre la posibilidad de imponer un límite a las grandes explotaciones, que finalmente decidieron dejar en manos de cada Estado miembro.

   La propuesta que estudian actualmente prevé una modulación regresiva del 14% para las explotaciones que perciban entre 150.000 y 300.000 euros anuales (todavía no se ha hablado de un porcentaje de reducción para las que percibiesen más de esa cantidad).

   En cualquier caso, la presidencia de la UE recalcó que "nada está cerrado hasta que todo lo esté". Las tres instituciones se han propuesto intentar cerrar un acuerdo definitivo sobre la PAC para el miércoles.

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