Algunos Estados miembros, como Dinamarca, Alemania, Suecia, Holanda y Reino Unido defendieron que para hacer frente eventuales crisis no hacen falta más instrumentos que los ya previstos en la política agrícola.
Sin embargo, España, Francia, Italia, Eslovaquia, Croacia y Lituania reclamaron medidas para poder "anticipar y reaccionar rápido", indicaron fuentes europeas.
El propio ministro español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, dijo a su llegada a la reunión que iba a trasladar a la Comisión Europea que "no solo hace falta tener observatorios para analizar la evolución de los precios de la producción sino, sobre todo, de los márgenes de las explotaciones, que es lo que determina su rentabilidad".
España cree que "hay que hacer una reflexión más profunda para poner en marcha instrumentos de regulación de mercado más potentes que puedan anticipar y paliar las consecuencias de una sobreproducción", dijo el ministro.
"No tenemos que volver a las montañas de leche del pasado ni a las situaciones de máxima volatilidad de precios. El sector requiere precios estables, que retribuyan a los ganaderos y que permitan a la industria láctea tener un horizonte de competitividad razonable", señaló el ministro.
En la discusión, la mayoría de países coincidió en que el principal reto que plantea el nuevo régimen es la volatilidad de los precios, como consecuencia del aumento de la producción que previsiblemente implicará el fin de las cuotas.
A partir de todos los estudios llevados a cabo y de las consultas realizadas, la CE tiene previsto presentar el próximo junio al Consejo (países de la UE) y al Parlamento Europeo un informe sobre la situación del mercado de la leche y el funcionamiento del paquete lácteo.