La Unió de Llauradors denuncia una serie de coacciones graves durante los últimos días a algunos de sus representantes, simplemente por pertenecer a esta organización agraria y acudir a reuniones sobre la Xylella fastidiosa en su nombre. Aunque sin citarlo expresamente, la organización apunta a soios de Asaja Alicante como los autores de estas coacciones.
Por eso, La Unió ha pedido a la Conselleria de Agricultura y a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que investigue esas coacciones «que están intentando limitar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, tal y como estipula la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana y que se aseguren además que no van a volver a producirse».
La cuestión de fondo es, según La Unión, que el sector apoya las medidas de erradicación en contra de Asaja y la Asociación de Afectados
Según la organizaión agraria, «la práctica totalidad del sector agrario de la Comunitat Valenciana se ha mostrado a favor de la aplicación de las medidas de erradicación» contra la Xylella fastidiosa aprobado por la Unión Europea y aplicado por la Conselleria de Agricultura con el beneplácito del Ministerio de Agricultura. Todos excepto la organización provincial de Asaja en Alicante y la entidad que han creado al efecto, Asociación de Afectados por la Xylella (Axfa). «Ambas están entorpeciendo la aplicación del plan mediante la interposición de recursos judiciales por parte de los propietarios de las parcelas afectadas por esta bacteria en el norte de Alicante, lo que impedirá que puedan cobrar las indemnizaciones que les corresponden hasta que no se dirima el proceso judicial», asegura La Unió en una nota.
Pero paralelamente a estos recursos, «totalmente legítimos, se ha elevado la tensión y crispación de forma interesada, hasta llegar a las coacciones ya en los últimos días». En concreto, el pasado 5 de marzo; a la finalización de la reunión con los auditores de la Oficina Veterinaria y Alimentaria de la Comisión Europea, convocada por la Conselleria de Agricultura en Callosa d’En Sarrià y a la que asistieron también representantes y técnicos al más alto nivel de Conselleria y Ministerio de Agricultura, representantes de La Unió, AVA, Asaja-Alicante, Cooperativas Agro-alimentarias, Comité de Gestión de Cítricos y Asfplant, «se produjeron coacciones hacia parte de los asistentes a la reunión por parte de un grupo de personas concentradas que llevaban claramente identificados carteles de Asaja Alicante», según denuncia La Unión.
Asimismo, insisten en que estas coacciones han ido aumentando a lo largo de las jornadas. En el pleno celebrado el pasado 7 de marzo en el Ayuntamiento de Tárbena, la Agrupació d’Electors d’Independents per Tárbena «solicitó que no se contratara con ciertas empresas por estar administradas por personas que son representantes de La Unió, en clara referencia al secretario comarcal de La Unió en la Marina Baixa. Finalmente, no fue aprobada y en el caso que lo hubiera sido sería un claro ejemplo de prevaricación. Por otra parte, La Unió también tiene conocimiento que personas trabajadoras de Tragsa, encargadas de aplicar las medidas de contingencia en las parcelas afectadas, están recibiendo amenazas y coacciones a la hora de realizar su trabajo».
Asimismo, La Unió asegura que ha conocido estudios recientes que certifican la expansión de la Xylella en Italia al no actuar con rapidez y eficacia en la aplicación del plan de contingencia. Una vez detectados y confirmados focos de Xylella fastidiosa, la Conselleria de Agricultura está por tanto obligada en la Comunitat Valenciana a aplicar las medidas necesarias para su erradicación, tal y como se establece en el plan aprobado por la Unión Europea.
Por ello esta Organización Profesional Agraria cree que hay que aplicar el plan de contingencia actualmente en vigor, puesto que en caso que se propagara a otras zonas y al resto de los cultivos, como la viña, olivar, almendro y cítricos, los daños que se provocarían serían enormes. En este caso, según la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, la administración autonómica quedaría encargada de los daños patrimoniales ocasionados y se le podría denunciar por esa responsabilidad.