Durante su alocución ante los cientos de agricultores concentrados, el máximo responsable de AVA-ASAJA alertó de que la supresión de las ayudas agroambientales previstas para 2014 –uno de los detonantes que ha desencadenado la protesta- “condena al 80% de las explotaciones arroceras valencianas a entrar en pérdidas durante la próxima campaña y, si la situación no se remedia, en muchas de ellas se renunciará a plantar arroz el año que viene. Sin ese soporte que proporciona el necesario equilibrio económico, y con el que sí van contar los arroceros de otras comunidades autónomas, la rentabilidad del cultivo resulta insostenible”.
Aguado anunció que ha remitido cartas tanto al ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, como al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y al vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, José Ciscar, exponiéndoles la situación y reclamando medidas correctoras. Al Ministerio, le exige AVA-ASAJA que habilite una línea especial para poder adelantar el importe de las ayudas agroambientales hasta que Bruselas apruebe los nuevos Planes de Desarrollo Rural (PDR) con cuyos fondos se restituirá el dinero adelantado, mientras que al Consell se le reclama mayor compromiso y valentía a la hora de defender los intereses valencianos ante el Gobierno central.
Preocupa también el bajo precio que perciben los arroceros
No faltaron las alusiones al otro gran problema que concita las preocupaciones de los arroceros valencianos: los bajos precios de mercado. El líder de AVA-ASAJA denunció que “la gran industria del arroz está actuando en régimen de oligopolio al marcar unos precios que no se corresponden con las cotizaciones internacionales, al tiempo que realizan importaciones en momentos estratégicos para distorsionar el mercado e imponer una presión a la baja sobre los precios”. Por ello, Cristóbal Aguado reclamó a la Comisión Nacional de Competencia que “investigue y sancione las prácticas monopolísticas de la gran industria arrocera”.
El sector valenciano del arroz, del que dependen directamente unas 4.000 familias, genera un volumen de negocio anual de unos 60 millones de euros y proporciona alrededor de 4.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, “y eso –apuntó el presidente de AVA-ASAJA en su intervención- es un patrimonio demasiado valioso como para dejarlo perder miserablemente”.
Durante diversos momentos de la protesta hicieron acto de presencia para expresar su apoyo representantes de la sociedad civil valenciana y la clase política, entre ellos el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, el alcalde de Silla (Serafín Simeón), el alcalde de Sollana (Vicente José Codoñer), la alcaldesa de Catarroja (Soledad Ramón), así como concejales de las poblaciones de Sueca, Albal y Sollana.