El Pais.- “Ahora sí que no tiene sentido alguno. No sé si quieren hacerlo o no, pero no pueden”. Francesc Signes, diputado socialista en las Cortes Valencianas, se refería ayer al trasvase del Ebro y al Gobierno valenciano tras la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza el recurso del Consell contra la derogación del proyecto decidida en 2004 por el Gobierno de José Luiz Rodríguez Zapatero. Para la oposición, la resolución del Alto Tribunal, conocida el viernes, deja sin justificación alguna la reserva de suelo a lo largo de su hipotético trazado dictada en 2005 por el Ejecutivo autonómico, que entonces presidía Francisco Camps. De ahí que Signes haya presentado una proposición no de ley con carácter de urgencia para desproteger la franja de 200 metros a cada lado del eventual trazado del trasvase del Ebro.
Signes ya solicitó en diciembre de 2011, —cuando el PP de Mariano Rajoy puso en su programa electoral por delante de cualquier transferencia hídrica “el principio de preferencia de uso de los territorios por donde transcurren las cuencas”—, que se liberase el terreno reservado para el trasvase, una superficie de 155 kilómetros cuadrados que atraviesa 65 municipios desde Vinaròs a Orihuela. El Plan de Acción Territorial de Corredores de Infraestructuras (PAT) carece de sentido, argumentó el diputado socialista, porque el trasvase está derogado y, además, “el Gobierno de Rajoy no tiene ninguna intención de ejecutarlo”. Mientras tanto, añadió, “la reserva de suelo perjudica al desarrollo económico y social de los pueblos afectados”, ya que “ha provocado la denegación de numerosas actividades urbanísticas, turísticas e industriales desde el año 2005 y una grave limitación de los crecimientos futuros de la economía valenciana, con un injustificado perjuicio sobre los propietarios y los municipios por los que discurre”.
De hecho, el PAT fue objeto de diversos recursos y el tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia validó a finales de 2009 la reseva de unas 16.000 hectáreas que establece en respuesta al menos a las alegaciones de un particular, al que el Consell negó la autorización para realizar obras en un terreno afectado por la reserva de suelo, y del grupo Ecologistas en Acción, que recurrió a la vía contencioso-administrativa porque consideró que durante la redacción del plan no se escuchó a los agentes sociales, como prevé la Ley de Ordenación del Territorio (LOT).
El PP valenciano reitera la reclamación del “agua sobrante”
Sin entrar en su legalidad, los socialistas consideran que la reserva se ha quedado sin excusa. En la memoria persiste la escenificación de una supuesta inauguración de las obras del trasvase en Vinaròs, en febrero de 2004, a un mes de las elecciones que darían la victoria a Zapatero, en la que participaron, ante una zanja excavada al efecto, el jefe del Consell, Francisco Camps, y la ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez. Y la campaña victimista emprendida por Camps tras la derogación contra el Gobierno socialista, que apostó por una política de construcción de desaladoras. “La voluntad única y real del PP en cuanto al trasvase del Ebro era la del desgaste político contra el Gobierno socialista”, señaló Signes, ya que, tras acceder al poder, eliminaron cualquier referencia al trasvase en sus programas”.
El Consell no quiso pronunciarse el viernes sobre la sentencia del Constitucional y el vicepresidente José Ciscar se limitó a afirmar que el PP valenciano no ha renunciado al trasvase del Ebro. Ayer mismo, el diputado del PP en las Cortes Valencianas César Sánchez, indicó que el proyecto “se puede y debe retomar como parte de un gran pacto hidrológico impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy”. Sánchez salió al paso de las declaraciones de Signes al señalar que el PP siempre ha defendido “que el agua sobrante debe ir donde es necesaria para atender las necesidades de todas las regiones”. No comentó nada sobre la reclamación socialista para que se libere la reserva de terreno en el trazado tras la sentencia que valida la derogación del trasvase del Ebro.