La reserva agrícola de la PAC ha ganado protagonismo en la agricultura de la Unión Europea (UE), sometida a continuas tensiones geopolíticas y climáticas que no tienen visos de aminorar.

La reforma de la PAC que entró en vigor en enero pasado incluye una nueva reserva agrícola financiera por un mínimo de 450 millones de euros anuales para hacer frente a futuras crisis.

Por primera vez, además, se ha desvinculado este mecanismo de los pagos directos a los agricultores, ya que antes el uso de la reserva requería un recorte de estas ayudas para transferir dichos fondos, que luego se devolvían si no se empleaban.

Con las nuevas normas, la Comisión Europea puede ajustar el monto de la reserva cada año en función del presupuesto y su utilización está ligada a la aprobación de una cantidad de manera excepcional.

POCAS VECES ACTIVADA

La reserva agrícola, antes conocida como reserva de crisis, se activó en 2022 por primera vez para apoyar a los agricultores de la UE tras la invasión rusa de Ucrania.

Este año ha vuelto a aplicarse por el impacto de la guerra, con un paquete de 100 millones de euros aprobado en mayo pasado para los productores de cereales y oleaginosas de Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumanía y Eslovaquia afectados por las importaciones ucranianas.

Ya en abril se habían destinado 56,3 millones de euros a esos tres primeros países por ese mismo motivo.

Un tercer paquete de 330 millones ha ido dirigido a aliviar la situación de los agricultores de los otros 22 países de la UE que habían sufrido el impacto de eventos meteorológicos adversos y otros factores como el incremento de los costes.

En concreto, España ha recibido 81 millones de euros para compensar las pérdidas del sector agrícola por la sequía.

FONDOS «INSUFICIENTES»

El director de Relaciones Internacionales de la organización agraria ASAJA, Ignacio López, señala a Efeagro que la reserva de la PAC ha demostrado ser «un poco insuficiente» ante la magnitud de los problemas que continúan afectando a la agricultura y destaca la importancia de disponer de un instrumento «adaptado, flexible, ágil y con suficientes recursos».

No deja de ser el «último recurso» del que echar mano para apoyar a los productores, que también pueden beneficiarse del anticipo de los pagos directos, de los excedentes de las ayudas al desarrollo rural, de las ayudas «de minimis» (cuantías pequeñas que pueden conceder los países a los productores primarios) y de otras partidas del presupuesto nacional.

López se muestra a favor de que «no tengan que ser los propios perjudicados los que tengan que pagar» dicha reserva, como ocurría con las antiguas reglas de la política agraria.

Llama a ampliar los fondos de la reserva agrícola debido a la elevada volatilidad de los precios y la incertidumbre que generan el cambio climático y las tensiones geopolíticas y comerciales, para lo que se necesitan «herramientas efectivas de gestión de riesgos».

El director técnico de COAG, José Luis Miguel, comparte la opinión de que la reserva sigue siendo «insuficiente» en medio del debate sobre los criterios que deben primar en la asignación de fondos, ya que suelen surgir «quejas de aquellos Estados miembros que no se benefician del reparto si no hay ningún elemento excepcional en su territorio».

«Siempre son muchas las dificultades en la UE, donde el procedimiento de negociación es continuo y cada uno defiende sus intereses», asegura Miguel.

El responsable de COAG reconoce que el cambio normativo al menos está «posibilitando la utilización de ese dinero en caso de crisis» y, aunque existen otras formas de apoyar a los agricultores con fondos nacionales, estos dependen de la capacidad de los países, algo que va en detrimento de los más pequeños.

LUCHA CLIMÁTICA

En España, la sequía de los dos últimos ejercicios ha ocasionado importantes pérdidas para sectores como el olivar, los cereales y otros basados en el regadío.

Frente a unos efectos del cambio climático cada vez más graves y duraderos, las organizaciones agrarias reclaman más fondos en adaptación y la reforma de otros mecanismos como los seguros agrarios.

El técnico en Política Agraria Común de UPA, Javier Alejandre, sostiene que, con ese panorama, «es probable que en algún momento el seguro, tal como está concebido en España, deje de ser un instrumento eficaz» por su mayor coste y las menores garantías.

Alejandre pide que la reserva de crisis atienda las indemnizaciones extraordinarias derivadas del cambio climático para no repercutir en el cálculo del seguro, una «cuestión relevante que va cobrando interés» desde un punto de vista estratégico y preventivo.

«El cambio climático va a afectar a todas las regiones de Europa, especialmente las del sur, y habrá que tomar medidas para asegurar que las explotaciones familiares siguen siendo viables», concluye.

(Texto: Belén Delgado / Efeagro)