La reforma de la Política Agrícola Común (PAC) entra en su recta final, tras los acuerdos de esta semana entre los Gobiernos de la Unión Europea (UE) y la Eurocámara, pero quedan asuntos por cerrar e interrogantes como el alcance de las exigencias ambientales o el reparto de las ayudas para el campo español.

Los ministros de Agricultura de la UE y el Parlamento Europeo (PE) han pactado sus respectivas posiciones para el último tramo de una negociación que empezó en 2018 y que dará como resultado la PAC poscoronavirus (2023-2027), con la sombra del cambio climático.

Las instituciones comunitarias -Consejo de Ministros, PE y Comisión Europea (CE)- entran ahora su recta final con las reuniones a tres bandas para cerrar el acuerdo definitivo con vistas a que los reglamentos estén aprobados en 2021; su entrada en vigor será posterior, ya que existe una regulación transitoria de dos años, que posibilita la continuidad en el pago a los agricultores y ganaderos.

Queda mucha letra pequeña que conocer para el sector agroalimentario sobre la aplicación práctica de las grandes líneas, su reflejo en los planes nacionales o la ambición en las medidas frente a las crisis de precios. También está por ver el avance de enmiendas como la que plantea excluir a los toros de lidia de las ayudas, que ha respaldado la Eurocámara.

España recibirá 47.724 millones de euros para la futura PAC, según el acuerdo alcanzado en la cumbre histórica del pasado verano, en la que los líderes comunitarios también aprobaron el fondo de reconstrucción de la UE tras la pandemia.

España será el tercer beneficiario de fondos agrícolas, por detrás de Francia (1) y de Alemania (2); aunque actualmente ocupa el segundo puesto, ya estuvo en tercer lugar en algún ejercicio, durante la aplicación de la reconversión del sector azucarero de la pasada década, que afectó al campo alemán.

EL MEDIOAMBIENTE, CENTRO DE LA REFORMA, JÓVENES Y TECHOS POR EXPLOTACIÓN

Cada reforma de la PAC introduce nuevos conceptos, si bien en anteriores revisiones ya se reforzaron los requisitos ambientales que condicionan las ayudas.

En esta negociación, la UE introduce en su recta final planes estratégicos nacionales, con mayor margen de acción para los Gobiernos, y, por otro lado, los llamados “eco-esquemas” (ayudas complementarias para cumplir prácticas beneficiosas para el medioambiente).

La posición del Consejo es que los «eco-esquemas» alcancen el 20% de las ayudas directas, con dos años “de aprendizaje” -de forma que los no utilizados se destinen a otros fines- y con flexibilidad, por ejemplo, para primar prácticas como la producción ecológica o la actividad forestal.

Pero la Eurocámara ha reclamado que los «eco-esquemas» representen el 30% de los pagos directos; por otra parte, ha defendido que un 35% de las partidas para desarrollo rural se destinen a actuaciones medioambientales.

Representantes de los agricultores han criticado que la UE les obligue a “hacer más con menos (dinero)”, mientras que los ecologistas afirman que en la reforma se están descafeinando los objetivos verdes; dentro de este último grupo también ha reaccionado sobre la PAC la popular activista Greta Thunberg.

El Consejo ha apoyado que al menos un 2 % de fondos de la PAC vayan a agricultores jóvenes, y la Eurocámara el 4 %.

En cuanto a los límites de pagos directos, el PE en su recta final ha apoyado el proyecto inicial de Bruselas y ha defendido, por un lado, bajar las subvenciones para beneficiarios que perciban más de 60.000 euros y, por otro, un techo de 100.000 euros; sin embargo, los eurodiputados sugieren medidas para flexibilizar estos topes, como un porcentaje para pequeños agricultores, o deducciones fiscales.

VINO Y MEDIDAS CONTRA LAS CRISIS

El Consejo apoyó mantener los derechos de plantación del viñedo más allá de 2030, como establece el sistema actual, y extenderlos hasta 2040; el PE ha pedido que la prórroga dure hasta 2050.

Además, tanto Consejo como eurodiputados han respaldado que en las etiquetas de vino se añadan nuevas menciones nutricionales o sobre ingredientes.

La Eurocámara ha votado también a favor de la posibilidad de reducción voluntaria de la oferta, como la que se aplica en el sector lácteo, para otras producciones en caso de crisis.

Por otra parte, el PE ha pedido ampliar las «redes de seguridad» permitiendo una intervención pública cuando caigan los precios hasta un cierto nivel, en productos como el azúcar, el ovino, el porcino o el pollo.

(Texto: Mercedes Salas / Efeagro)