EFE.- En rueda de prensa para aclarar conceptos y ofrecer cifras sobre la reforma, aprobada ayer, Ramos ha explicado que el objetivo es dar seguridad jurídica a las 40.000 ocupaciones, entre viviendas y negocios, situadas en dominio público marítimo terrestre, es decir primera franja del litoral.
En este objetivo entran también las 36.000 ocupaciones que se habían quedado en situación alegal, tras la ley de 1988.
La actividad económica de muchas de estas ocupaciones: hoteles (1.000), chiringuitos (3.000) e industrias (1.700) suponen 150.000 empleos y una facturación anual de 2.000 millones de euros.
Además son 125.000 el número de viviendas situadas, no ya en el dominio público sino en la zona de servidumbre de protección de la costa, las que también se verán beneficiadas con la reforma.
Según Ramos, con esta reforma lo que se pretende es resolver problemas históricos arrastrados desde hacía 25 años, introducir "sentido común en la costa" y proteger al mismo tiempo los derechos de todos aquellos ciudadanos que se vieron afectados por la anterior ley.
El hecho de dar una solución a todas estas personas y sus viviendas y negocios, no supone, ha aclarado, que se pueda poner un ladrillo de más donde antes ya estaba prohibido construir, ya que las construcciones existentes no podrán aumentar de volumen, altura ni superficie.
Así ha añadido que simplemente se resuelve una situación que el legislador no tuvo en cuenta en su día "y que ahora estamos obligados a resolver y lo irresponsable seria no dar una solución a todas esta situaciones pendientes desde el año 1988".
También ha destacado el secretario de Estado de Medio Ambiente que es la primera Ley de Costas que contempla los efectos del cambio climático, y que el Gobierno aprobará en dos años una estrategia de adaptación de la costa a este fenómeno.