La propuesta de reglamento de la Comisión Europea relativa al uso de los productos fitosanitarios ha encendido las alarmas del sector agrario. La novedad más preocupante radica en la prohibición de todos los productos fitosanitarios en las denominadas ‘zonas sensibles’, las cuales, según estimaciones de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), podrían abarcar más del 30% de la superficie agraria útil de España e, incluso, más del 80% en el caso de la Comunitat Valenciana.

El reglamento comunitario define como ‘zonas sensibles’ las zonas verdes abiertas al público en general (parques, campos deportivos, vía pública, etc.), zonas usadas mayoritariamente por grupos vulnerables, zonas verdes urbanas y zonas ecológicamente sensibles bajo la Directiva Marco de Agua, Natura 2000, Espacios Nacionales Protegidos y la nueva regulación de polinizadores (pendiente).

Asimismo, con el fin de proteger el medio acuático, la UE baraja prohibir el uso de productos fitosanitarios en los alrededores de las aguas superficiales. Entre la superficie agraria útil más perjudicada por ambas exclusiones destacarían los arrozales, las hortalizas al aire libre y bajo invernadero y los cítricos de la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia, Andalucía (sobre todo Almería y Huelva) y Cataluña (Tarragona).

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, alerta de que “este borrador es un disparate imposible de aplicar que recrudecería aún más la falta de soluciones para combatir las plagas y enfermedades, multiplicaría los costes de producción y reduciría el rendimiento productivo. Si la normativa no da respuesta a las necesidades particulares de cada agricultura, habrá más abandono de campos, más despoblación en el medio rural, más incendios y más pérdida de ecosistemas como los humedales. Que esta barbaridad haya llegado a plantearse en la Comisión Europea deja entrever lo alejados que están nuestros políticos de la realidad. Y más en el actual contexto de guerra en el que nos encontramos, donde queda evidente la necesidad de garantizar la autosuficiencia alimentaria para no depender de países terceros”.

Aguado reitera que “Bruselas sigue empeñada en su cruzada ciega de prohibir más y más materias activas fitosanitarias sin dotar al sector de alternativas de contrastada eficacia y a un precio asumible. Mucho hablar de innovación pero a la hora de la verdad Europa no agiliza la investigación y el registro de soluciones para las plagas y enfermedades que ya tenemos y que siguen entrando por falta de controles en los puertos. Además, estas leyes que responden a razones de salud y medioambiente no contemplan una reciprocidad con las importaciones, de manera que los productos agrarios procedentes de países terceros pueden continuar usando fitosanitarios prohibidos aquí porque se ve que fuera de la burbuja de Europa ya no son peligrosos para las personas y para el medioambiente. Bruselas no puede actuar de manera más hipócrita, incoherente e inmoral”.

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