David Borda/ Responsable de la Sectorial de Fruta Dulce de JARC-COAG
Algunos productores de fruta hemos recibido la notificación del DARP de que se nos ha denegado la ayuda de la producción integrada de la campaña 2015. Este hecho evidencia que los profesionales volvemos a quedarnos sin apoyo porque se convocan líneas de ayudas sin destinar suficiente dinero. Cuando la demanda supera ampliamente el presupuesto asignado el resultado son denegaciones y recortes del 20% a los «privilegiados» a los que se les aprueba la ayuda.
Eso sí, todos hemos pasado por la caja del Consejo Catalán de la Producción Integrada (CCPI), aplicándonos unas nuevas tasas para certificar la fruta con el sello de producción integrada que, además, perjudican a las pymes. Al saberlo, ya denunciamos que una explotación con 5 hectáreas de frutales ha multiplicado por seis el importe a pagar, mientras que una de 20 hectáreas ha acabado abonando el doble. Con estas políticas, no resulta extraño que se produzcan bajas de productores que no le ven sentido a estar inscritos en el CCPI, y más cuando este organismo en ningún momento levanta la voz ante las denegaciones y recortes en las ayudas. Una muestra más que el CCPI ni funcionaba antes ni funciona ahora.
Sinceramente, para los fruticultores que creemos en la producción integrada, hace tiempo que ésta ha dejado de ser rentable. Nos enfrentamos a unos costes más elevados en comparación a la agricultura convencional y percibimos unos precios muy similares. Todos los esfuerzos que hacemos para que nuestros productos se elaboren de forma sostenible y protegiendo al máximo los recursos naturales no sirven para nada, porque tenemos una Administración que realmente no apuesta.
Los productores que optamos por este sistema exigimos un impulso para que vuelva a ser rentable y valorada. Para hacerlo posible, necesitamos un precio en origen más elevado en consonancia con el coste que nos supone adquirir una certificación que hoy por hoy no nos ofrece ningún retorno económico en el mercado
Todo esto se corrobora en las estadísticas oficiales del DARP. Con datos del mes de octubre, se constata un descenso del 6% en la superficie de fruta de hueso certificada en relación al 2015 y casi un 10% en la cifra de productores, que se ha reducido hasta los 2.476. A pesar del espejismo de los incrementos en el número de hectáreas del año 2015 respecto al 2014, posiblemente por ser el primer año de aplicación de la nueva PAC, e inocentemente creer que todavía habría presupuesto suficiente, la realidad es bien diferente.
Al final, cultivar en producción integrada se está convirtiendo en una decisión personal a la que no le encontramos ninguna ventaja competitiva. Los productores nos sentimos a medio camino entre la agricultura convencional y la ecológica y sin ninguna posibilidad de que nos resulte provechoso el valor añadido que ofrecemos con nuestra fruta.
Si realmente quieren que eso funcione y tenga sentido, el CCPI tiene que reforzar las acciones de promoción y difusión para concienciar al consumidor para que pueda valorar este sistema y el DARP tiene que poner más dinero para dar respuesta a todas las solicitudes de ayuda. Mientras tanto, seguiremos estando en una tierra de nadie, sin ser conocidos ni reconocidos.