La letra pequeña de las ayudas directas aprobadas por el Gobierno para compensar el encarecimiento sin precedentes de los fertilizantes trae sorpresas para el campo valenciano, y no precisamente buenas. Según un estudio técnico elaborado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), más del 70% de los titulares de explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana se quedan fuera de estas ayudas, es decir, más de 70.000 personas de los 100.200 que constan en el Censo Agrario.

La amplia mayoría de los agricultores valencianos, pero también a nivel nacional, son excluidos debido a dos requisitos que no se adecúan a la realidad del sector. Por una parte, el Gobierno restringe las ayudas a las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas que han sido elegibles para el cobro de las ayudas directas de la PAC en la campaña 2022, por lo que casi la mitad de los agricultores de la Comunitat Valenciana, que no perciben ayudas PAC, caen ya de la lista de beneficiarios.

Por otra parte, la normativa niega dichas subvenciones cuando el importe a recibir resulta inferior a los 200 euros, en otras palabras, a propietarios que tienen menos de 3,6 hectáreas de regadío y 9 hectáreas de secano, unas dimensiones excesivamente elevadas para el minifundio predominante en la agricultura valenciana.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, asegura que “si el Gobierno consultara a las comunidades autónomas y estas a los protagonistas reales, en este caso a los agricultores y ganaderos valencianos, las normativas se harían de una manera más acertada para ayudar de verdad a solucionar los problemas. Los dos requisitos impuestos por el Gobierno no se adaptan en absoluto a las particularidades de nuestro sector agrario y vuelven a demostrar, tal como hace en sus políticas agrarias y la propia PAC, un ninguneo hacia la agricultura valenciana”.

AVA-ASAJA solicita que las ayudas de 55 euros por hectárea en regadío y de 22 euros en secano se amplíen a todos los agricultores porque todos sufren la escalada de los fertilizantes y otros costes de producción. Asimismo, en el capítulo de la energía recuerda la necesidad de aprobar un precio especial de kilowatio agrario, permitir de manera indefinida al menos dos cambios de potencia contratada al año y suprimir el ‘tope del gas’ a la agricultura. Por último, pide una rebaja de módulos generalizada de cara a la próxima declaración de la renta.

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