La portavoz nacional de SOS Rural, Natalia Corbalán, ha rechazado «categóricamente» el «último requerimiento formal» de Greenalia S.A. —a través de un burofax dirigido a su persona y firmado por el CEO de la multinacional energética gallega, Manuel García Pardo— para que cese de inmediato sus manifestaciones o comunicaciones —calificadas por la compañía como «imputaciones falsas»— en torno a los proyectos fotovoltaicos que promueve la empresa en el municipio de Lopera (Jaén) y que suponen la tala de miles de olivos.
Greenalia S.A. ha «advertido» a Corbalán de que «cualquier nueva manifestación, por mínima que sea, será considerada una reiteración dolosa y dará lugar, de forma inmediata y sin más requerimientos, al ejercicio acumulado de acciones civiles, con reclamación económica completa por daños reputacionales y patrimoniales; acciones civiles como persona física y acciones complementarias, frente a la asociación que preside».
Por su parte, Corbalán ha respondido a Greenalia S.A. —a través de otro burofax— que el requerimiento de la compañía es «un intento de restringir derechos fundamentales» y que «carece de base jurídica suficiente». Asimismo, solicita a la multinacional energética gallega que, en adelante, «toda comunicación y requerimiento se formule en estricto respeto a los derechos fundamentales de participación e información y absteniéndose de amenazas de acciones judiciales infundadas que tienen por objeto amedrentar, coartar y desincentivar la legítima defensa del interés colectivo o la intervención pública en la evaluación de proyectos empresariales de impacto social relevante».
«Cualquier amenaza de ejercicio abusivo de acciones civiles, penales o complementarias contra esta portavoz, movida exclusivamente por la legítima defensa del interés público y del derecho a la libertad de expresión, podría ser calificada como una represalia o intento de silenciar el debate social y ciudadano sobre el impacto de proyectos concernientes al interés común, lo cual sería contrario a las garantías constitucionales y a la prohibición de represalias reconocida por la legislación vigente, especialmente en materia de protección a las personas informantes», informa Corbalán.
En este sentido, la portavoz de SOS Rural recuerda a la multinacional gallega que sus manifestaciones han estado «orientadas siempre al ejercicio de la libertad de expresión y de participación ciudadana respecto a proyectos de interés público, sin que se les atribuya en ningún momento un ánimo infamante, mendaz ni doloso», al tiempo que ha recordado que se ha actuado en todo momento dentro del marco legal vigente, ejerciendo de forma legítima los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española. «Las manifestaciones se han efectuado en ejercicio del derecho fundamental a comunicar y recibir información veraz y a participar en los asuntos públicos, así como del derecho de información sobre asuntos que afectan al interés general y al entorno rural», argumenta Corbalán.
Por ello, la portavoz de SOS Rural expresa a Greenalia S.A. que se reafirma en su voluntad de «continuar actuando conforme a la legalidad, el interés general y el respeto a los derechos fundamentales», al tiempo que «se reserva los derechos de SOS Rural y de su portavoz para ejercer las acciones civiles, administrativas o penales que estimen convenientes en defensa de su honor, libertad de expresión y participación ciudadana, así como para exigir el cese de toda amenaza o presión que pueda suponer una represalia prohibida legalmente».
TRES ADVERTENCIAS Y UNA INVITACIÓN
La multinacional gallega «advierte» hasta en tres ocasiones a Corbalán a lo largo del burofax de las consecuencias civiles, penales y personales que traerá consigo si persiste en sus denuncias. De esta forma, la compañía presidida por Manuel García «advierte de forma expresa, formal e inequívoca de que la imputación pública de conductas ilegales inexistentes constituye una intromisión legítima grave en el derecho al honor y al prestigio empresarial, generadora de responsabilidad civil directa, con obligación de indemnizar íntegramente los daños y perjuicios causados, incluidos los reputacionales, económicos y contractuales».
Asimismo, «advierte» de que «la atribución reiterada de hechos que, de ser ciertos, tendrían carácter delictivo, puede integrar ilícitos penales de injurias y calumnias con publicidad, especialmente cuando se realizan con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio por la verdad, circunstancia que concurre plenamente en este caso». Además, Greenalia S.A. advierte de que «la cobertura asociativa no excluye la responsabilidad personal, y usted —en referencia a Natalia Corbalán—, como autora, portavoz y responsable última de las manifestaciones difundidas, podrá ser llamada a responder personalmente, tanto en la vía civil como penal».
En este punto, la multinacional gallega «invita por última vez» a la portavoz de SOS Rural a que «cese de manera inmediata y definitiva en cualquier manifestación, declaración o difusión pública que atribuya a Greenalia S.A. actuaciones ilegales o contrarias a la ley», que «se abstenga absolutamente de volver a emplear términos como ‘ilegal’, ‘fraude’ o análogos respecto de proyectos válidamente autorizados y no anulados por resolución judicial firme» y que «deponga el uso público de procedimientos jurídicos improcedentes como pretexto para sostener imputaciones falsas ante la opinión pública».
REPRESALIA O INTENTO DE SILENCIAR
Ante estas «advertencias» e «invitaciones» de Greenalia, Corbalán ha respondido a la compañía que «cualquier amenaza de ejercicio abusivo de acciones civiles, penales o complementarias contra esta portavoz, movida exclusivamente por la legítima defensa del interés público y del derecho a la libertad de expresión, podría ser calificada como una represalia o intento de silenciar el debate social y ciudadano sobre el impacto de proyectos concernientes al interés común». Para la portavoz de SOS Rural, esto «sería contrario a las garantías constitucionales y a la prohibición de represalias reconocida por la legislación vigente, especialmente en materia de protección a las personas informantes».
En cuanto a la alegación de posibles intromisiones en el honor o reputación de Greenalia S.A., Corbalán asevera que «no se ha efectuado ninguna atribución falsaria de hecho delictivo», y que «las declaraciones públicas han consistido en valoraciones o críticas de interés legítimo colectivo, protegidas por el derecho a la libertad de expresión, basadas en información objetiva y contrastable y realizándose siempre de manera prudente».
De este modo, la portavoz de SOS Rural afirma que en ningún caso se ha propagado información falsa o imputaciones concretas y falsas susceptibles de integración en el tipo delictivo de calumnias o injurias, ni existe animadversión personal ni colectivamente desde SOS Rural hacia Greenalia S.A.
«Prueba de ello es que en ningún momento se concreta en el burofax qué publicaciones se entienden falsas, ofensivas y lesivas», argumenta Corbalán, quien recuerda que «el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información goza de una especial protección jurídica constitucional», de manera que «sólo las manifestaciones que rebasen los límites del respeto a la verdad objetiva y que comporten explícita imputación de hechos delictivos falsos a persona determinada pueden integrar los delitos contra el honor, como injuria o calumnia».