Una de las eternas e infructuosas luchas que el campo español lleva librando desde hace años en Europa es la de conseguir reorientar las ayudas de la PAC destinadas a los recintos de pastos para que la superficie que está bajo un árbol y la que ocupa la vegetación arbustiva cuente a la hora de calcular las subvenciones. Es la guerra del denominado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP), un concepto con el que España choica año tras año en forma de sanciones y todo porque a la UE se le olvidó mirar lo que hay debajo de los árboles y confundió a un reno con una vaca.
España se enfrenta, de hecho, ahora, a otra multa de más de 260 millones de euros y regiones como Extremadura y Andalucía ya han mostrado su negativa a abonar la parte que se les demanda, con amenazas incluso de llevar el caso a los tribunales.
El principal problema radica que la UE calcula el CAP con las fotos por satélite de las parcelas y se olvida de mirar debajo
Pero, ¿qué es el CAP?. Bajo esas siglas se esconde un porcentaje que refleja cuánta superficie de un recinto es admisible para recibir ayudas destinadas a los pastos, por lo que un 0% de CAP significaría que ninguna parte del terreno se admite para la recepción de subvenciones y un 100 % equivaldría a que todo el terreno computa para recibirla. Para calcularlo, se tienen en cuenta varios factores: pendiente del terreno, suelo y vegetación.
La pendiente es un factor excluyente ya que toda zona de la parcela que tenga una pendiente media superior al 100% no computa para el cálculo del CAP al entenderse que los animales no pueden pastar ahí, según señala la UE.
Donde se encuentra la polémica es realmente en esos suelos de la misma parcela con una pendiente inferior al 100% pero que están ocupadas por arbustos o situados bajo un árbol, explica el responsable de Comunicación de la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, Pedro Herrera, porque con el actual CAP no cuentan para las ayudas y, sin embargo, son zonas pastables para los animales.
El cálculo se hace con las fotos por satélite de las parcelas, de tal forma que «toda aquella zona que -en base a la lectura de la foto aérea- no se vea ocupada por hierba» no recibe ayuda, incide.
A su juicio, con este cálculo se penaliza a suelos ricos en arbolado y vegetación baja que son aprovechados por ganadería extensiva y por tanto «tienen un uso real».
El reto pasa por demostrar que un reno finalandés no es lo mismo que una vaca retinta
La solución pasa porque los socios de España en la Unión Europea «se den cuenta de que en el país no hay sólo prados verdes como en centro o norte-europa» y de que estos sistemas arbolados y arbustivos también proporcionan alimento a los animales y tienen «importancia» para la conservación de la cultura y del medio ambiente.
Como se señalaba recientemente la única manera de frenar esta situación es “explicarla, por activa y por pasiva, para demostrar que no es lo mismo un bosque de Finlandia que una dehesa o el monte mediterráneo”, según explica el ex presidente de ASAJA Cádiz y miembro de la junta nacional, Manuel Vázquez, en la I Jornada Internacional de Ganadería Ambiental, Economía y Desarrollo Sostenible desarrollada en Jerez de la Frontera.
En su charla, asumía que que gran parte de este error es debido “a que nosotros mismos no hemos sabido explicarlo bien en Europa, aunque lo intentamos”, a la vez que el dirigente agrario no ocultaba su enfado porque la Administración, tanto a nivel nacional como regional, “no hacen lo suficiente para defender estas características propias de la ganadería española”. Si no se hace, el reno finlandés seguirá siendo lo mismo que una vaca retinta.
Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España, el técnico especialista en este área, José Antonio Paz, detalla que las comunidades autónomas han conseguido «minimizar» en la «mayoría de los casos» las consecuencias negativas de este CAP a través de compensaciones con otras partidas a los afectados.
No obstante, Andalucía, con sus zonas densas de dehesas, ha sido una de las más perjudicadas, con reducciones de hasta el 40 y el 50% de la superficie admisible para las ayudas, según apunta.
El sector advierte de que si no se soluciona este problema, habrá perjuicios «a todos los niveles»
El responsable de Relaciones Internacionales de Asaja, Ignacio López, al igual que Herrera, apuesta por que la Comisión Europea «entienda la casuística» española y que las autoridades del país «sean capaces de trasladarlo al ámbito comunitario».
López lamenta que el CAP siga calculándose con los mismos criterios a pesar de que ya ha habido alguna visita de inspectores europeos a España a los que «se les ha explicado y han podido ver» estos particulares ecosistemas peninsulares.
Los ganaderos de porcino ibérico en extensivo son uno de los colectivos más perjudicados y el responsable de este área en COAG, Enrique Acción, pide un análisis «eficaz» sobre qué superficies son pastables por el ganado.
Asimismo, demanda estudios «reales» de las características de cada finca sobre las que haya que calcular el coeficiente y atender a las «discrepancias que surjan con los propietarios de los terrenos o los ganaderos».
El secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla, califica de «muy grave» este problema y acusa al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) de «no haber sabido justificar bien» ante Bruselas el modelo de «bosque mayoritariamente mediterráneo que hay en el país».
Santalla insta asimismo a que España «justifique y convenza» a las autoridades comunitarias porque, si no se soluciona este problema, habrá perjuicios «a todos los niveles».
(Texto basado en los datos de Juan Javier Ríos / Efeagro)