Según informa la plataforma en un comunicado de prensa, en el acto han estado también presentes el director de Montes de Cantabria, Javier Manrique, el jefe de los Servicios Jurídicos, Javier Uribe, el diputado regionalista Fernando Fernández, el alcalde de Soba, Julián Fuentecilla, y presidentes de juntas vecinales y ediles de varios ayuntamientos.
Durante la reunión, Rugama ha recordado que el Ejecutivo regional ha decidido arreglar esta cuestión "caso por caso", a pesar de que todos los afectados han estado "en contra de esta postura" desde el inicio.
Además, Rugama les ha dejado claro a los asistentes que el colectivo de Voto ha pedido para todos los afectados de Cantabria que los documentos que se solicitan para que la Administración reconozca la propiedad se amplíe a todos aquellos que eran válidos antes de la Ley de Montes de 2003.
De hecho, "la prescripción adquisitiva por más de 30 años, según el Código Civil, puede reconocer más títulos que las escrituras registradas", ha advertido el presidente de la plataforma. También ha explicado los últimos compromisos del Ejecutivo regional a la hora de estudiar los documentos que se podrán presentar para aplicar la usucapión a las fincas afectadas.
Asimismo, se habló de que el Gobierno cántabro estaba estudiando cómo acabar con la parcelaria de Voto, que después de más de 30 años de procedimientos ahora se encuentra afectada por los Montes de Utilidad Pública (MUP). Tanto el director de Montes como el jefe de los Servicios Jurídicos han destacado la "complejidad" y las "dificultades" que están encontrando para "agilizar" soluciones en los problemas de los MUP por la "inmensidad" de documentación existente.
"De los 1.429 casos resueltos, sólo 25 han sido favorables para la desafectación", ha sostenido Rugama, mientras que, ante estas cifras, los afectados recriminaron a los miembros del Gobierno que "éste no es el camino, porque así no se acabará nunca". Fernández (PRC) ha indicado que su grupo se está planteando presentar en el Parlamento de Cantabria una proposición de ley para pedir al Gobierno central que modifique la Ley de Montes de 2003. "La problemática que tiene Cantabria con los MUP no la tienen el resto de comunidades autónomas", ha apuntado el diputado regionalista.
Rugama también ha reprochado a los dos representantes del Gobierno la "falta de sensibilidad" que, a su juicio, está mostrando hacia los habitantes de las zonas rurales, que han vivido "toda la vida en estos montes y forman parte de ellos".
"Y ahora una Ley de Montes pretende desalojarlos de su hábitat natural. No lo entendemos nadie", ha lamentado Rugama, que ha recordado que el próximo día 9 de abril el Gobierno "deberá dar una respuesta" al colectivo de Voto que "repercutirá en todos los afectados de Cantabria".