Puxeu tachó de "discrecional y discriminatorio" el gravamen planteado por CiU y ERC en el acuerdo de estabilidad parlamentaria y negó que se puedan recaudar 22 millones de euros con dicho impuesto.
Asimismo, alertó a la Generalitat de los efectos contraproducentes que podría acarrear esta medida, como la caída del consumo de un sector que aporta más de 540 millones de euros anuales a las arcas estatales en concepto de tributos directos e indirectos.
Algunos países "han tenido que dar marcha atrás"
"Algunos países que han intentado gravar un alimento determinado han tenido que dar marcha atrás", advirtió Puxeu, que recordó el caso de Francia, donde el Tribunal Constitucional obligó a retirar un impuesto sobre este tipo de bebidas.
El líder de la patronal avisó de que, si finalmente se aprueba este tributo en Cataluña, la entidad también acudirá a los tribunales en busca de un veredicto semejante al del país galo.
Puxeu también citó los casos de Dinamarca e Italia como pruebas fehacientes de la ineficacia de este tipo de impuestos, que rechazó que contribuyan a mejorar la salud de la población.
"Es una falacia que gravando un producto determinado mejore la salud de las personas. Lo que se tiene que hacer es cambiar los hábitos de consumo mediante la información", recalcó.
En este sentido, afirmó que desde la patronal hace años que llevan a cabo una política divulgativa para advertir a los consumidores de los peligros del abuso de determinados productos y ha apuntado que se han ofrecido a intensificar este tipo de campañas.
"No se trata de pagar más o menos impuestos, nosotros estamos comprometidos con el fomento de la vida saludable, pero no mediante tributos discrecionales. No lo hacemos como compensación, sino como una apuesta", resolvió.
Josep Puxeu descartó posibles deslocalizaciones de empresas del sector si finalmente se implementa este gravamen, ya que subrayó que la voluntad del sector es ayudar a Cataluña para que salga de la crisis: "Hay escenarios que no queremos ni contemplar. Nuestra voluntad es colaborar".
La polémica sobre la implementación de este impuesto surgió a raíz de su inclusión en el denominado "acuerdo de legislatura" que suscribieron CiU y ERC el pasado mes de diciembre.
Por ahora, este tributo es sólo un propósito de legislatura, recogido en el acuerdo de estabilidad presupuestaria suscrito entre ambas formaciones, pero el Govern está inmerso en la preparación de los presupuestos de este año y aspira a obtener el máximo posible de ingresos extraordinarios para minimizar los recortes.
En teoría, esta tasa debería formar parte de la Ley de Acompañamiento, que es donde deberían concretarse sus características.