En los casos más comunes de impagos de cosechas se beneficia claramente a la empresa que rompa unilateralmente lo pactado entre ambas partes, ya que en muchos casos el agricultor desistirá de iniciar acciones legales para defender sus legítimos derechos por el coste elevado del proceso, que se une a la pérdida de los ingresos como consecuencia del impago.
También se podrá dar el caso de empresas que paguen la cosecha mediante pagaré u otra forma de pago similar y que el agricultor a la hora de ir a cobrar compruebe que no hay fondos. La reclamación judicial, en este caso, también va a suponer el pago de una tasa que si la cantidad de cosecha a cobrar es poca, no le va a compensar.
La nueva ley de tasas judiciales contempla incrementos de entre 50 y 750 euros según del asunto que se trate. En el ámbito civil la tasa es de 150 euros para un procedimiento verbal y cambiario, 300 euros para un proceso ordinario, 100 euros en un monitorio europeo y una demanda incidental en el proceso concursal, y 200 euros en un concurso necesario. Junto a esto, habría que hacer frente a un coste de hasta 1.200 euros (sube 600 euros) si quieren recurrir en la casación ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa, mientras que en la fase de apelación se deberá pagar 800 euros en ambos órdenes.
En lo Social, por primera vez los ciudadanos tendrán que hacer frente a una tasa y, además, se contempla un coste de 500 euros en suplicación y de 750 en casación ante el Supremo. El Congreso modificó levemente el proyecto original al eximir a los trabajadores del pago del 60 por ciento de la tasa prevista en los recursos de suplicación y casación en lo Social. Además, se liberó del pago de la tasa a los procedimientos verbales o monitorios cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros. Un procedimiento abreviado costará 200 euros y uno ordinario llegará a 350 euros en lo Contencioso.