A pesar de todo lo hablado, de que el mismo viernes se instaba al Gobierno a cambiar algunos conceptos o que nadie quiere dar por perdida la partida, aunque sea dialécticamente hablando, lo único cierto es que el 1 de enero entrará en vigor ‘esta’ PAC y que los agricultores y ganaderos tienen hasta el 1 de marzo para aprenderse la letra pequeña de esta reforma para comenzar a presentar sus solicitudes de ayuda para los pagos directos.
Unos meses que serán vitales si, como se ha señalado desde alguna organización, se apuesta por la información y se facilitan las cosas para que las nuevas solicitudes no se conviertan en un calvario, porque todo el proceso será complicado y aún falta por determinar cómo repartirá el Ministerio ese 12,08% de las ayudas asociadas, que inicialmente irán para los ganaderos, pero también para algunas producciones agrícolas como el arroz, los cultivos industriales como el tomate o la remolacha, o los cultivos proteicos para la alimentación del ganado.
Asimismo, como medida de simplificación, se implantará un régimen para pequeños agricultores que facilitará la tramitación de las solicitudes de menos de 1.250 euros de ayudas anuales, que aún habrá que ver cómo se articula.
Y como muestra de estos cambios y de la complejidad que puede representar para muchos agricultores, cabe recordar que el 31 de diciembre de 2014 los derechos de pago único existentes desaparecen.
En el año 2015 se asignarán nuevos derechos en base al número de hectáreas admisibles que estén a disposición de los agricultores en dicha campaña, estableciéndose una limitación individual del número de derechos a asignar de tal forma que no se asignarán más derechos en 2015 que hectáreas admisibles fueran declaradas por cada agricultor en la campaña 2013.
El valor inicial de dichos derechos se calculará partiendo de la base del total de pagos directos, desacoplados o que se desacoplen, percibidos en la campaña 2014.
En definitiva, demasiada burocracia, en especial con la creación de las 50 comarcas finales y en contra de lo que se había propuesto inicialmente para simplificar la tramitación a los agricultores y ganaderos, y poco tiempo para poderla hacer frente.
Quizás, de ahí, esa resignación en el sector, que sabe que no puede perder el tiempo y que, sin renunciar a su derecho al pataleo, debe ponerse las pilas para no perder ni un euro y vigilar que el reparto de los fondos a los ‘agricultores activos’ sea realmente como defiende el Ministerio y que la "excepcionalidad" no sea convierta en una norma más amplia que la que nadie desea.