A la salida de la asamblea, que se ha celebrado a puerta cerrada, la presidenta de la entidad, Montserrat Llosa, ha valorado positivamente el resultado ya que para ella significa "el beneplácito de los socios para seguir adelante", una condición que ella consideró necesaria para seguir en el cargo.
Sin embargo, las plataformas críticas con la gestión del actual Consejo Rector, partidarias de la disolución de la entidad, han solicitado la impugnación de los resultados de la asamblea, ya que consideran que esta votación ya se había hecho efectiva en la anterior, donde se obtuvo una mayoría de votos negativos.
La pugna en su seno sigue abierta sin embargo
Ambas plataformas consideran que las cuentas de la cooperativa correspondientes al ejercicio de 2013 -que reflejan unas pérdidas de 602.000 euros- demuestran que "la cooperativa es inviable técnicamente", ha dicho Jordi Gas, portavoz de la Asociación de Afectados de la Cooperativa.
"La actual junta no estaba de acuerdo con la votación y ha hecho una política de ir casa por casa solicitando votos", ha dicho Gas que ha explicado que durante la sesión se ha indicado a los votantes que debían escribir su nombre y apellido en la papeleta para efectuar el voto.
En la misma línea se ha expresado el portavoz de la otra fracción crítica, Ramon Albesa, que ha afirmado: "No es legal votar unas cuentas que no han sido reformuladas y que por tanto son las mismas que ya se votaron con anterioridad".
Llosa, que ha lamentado que los socios "estén divididos en distintas corrientes de opinión", ha expresado que mantiene la confianza en poder aumentar la producción de la cooperativa y así recuperar los 4,5 millones de euros que 300 impositores tienen bloqueados.
Un Plan de Viabilidad que cuesta sacar adelante
"Es cierto que las dudas sobre la viabilidad de la cooperativa y las noticias negativas en los medios de comunicación nos han hecho perder algunos clientes, que han dudado de si cumpliríamos con los encargos", ha explicado Llosa a la prensa, al mismo tiempo que ha reiterado su fe en poder devolver parte del dinero bloqueado a finales de 2016.
Llosa también se ha referido a la aprobación del Plan de Viabilidad, uno de los requisitos que contempla el concurso de acreedores en caso de que la entidad quiera sacar adelante su actividad, como uno de los pasos fundamentales para poder seguir apostando por la continuidad de la entidad.
La presidenta, a su vez, ha vuelto a reiterar que "la liquidación de la entidad supondría que sólo podrían cobrar los acreedores mayoritarios como por ejemplo Bankia y no los vecinos de l’Aldea", decisión que no entra en los planes de la Junta Rectora.