La parálisis de las administraciones en la inscripción de las zonas regables de iniciativa pública, tanto a nivel estatal como autonómico, ha empezado a costar dinero, por la exigencia de este requisito en la tramitación de ayudas europeas, según ha denunciado la Asociación de Comunidades de regantes de Andalucia (Feragua). Una situación que empeora después de que la Junta de Andalucía haya echado para atrás algunos expedientes de ayudas a regantes de comunidades de regantes de la cuenca del Guadalquivir, precisamente por este motivo.
Estos primeros expedientes que no han podido avanzar en su tramitación están relacionados con los fondos operativos FEADER para ayudas a mejora de regadío que manejan las OPFH (Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas).
Pero el problema afecta a todos los fondos europeos que se destinen a mejora de regadío
Pero el problema afecta a todos los fondos europeos que se destinen a mejora de regadío y de la eficiencia en el uso del agua «y los problemas vendrán luego con las líneas de modernización de explotaciones agrícolas que ya están convocadas. Y posteriormente afectarán a las líneas de mejora de regadío para comunidades de regantes cuya convocatoria se espera para el próximo otoño», indican los regantes.
Según Feragua, «todo es muy lamentable. Verdaderamente lamentable. Y en el tejado de ambas administraciones estatal y autonómica, que por un lado, ofrecen las ayudas y por otro, la deniegan por falta de requisitos achacables a las propias administraciones, que tendrían la obligación desde 1986 -fecha de entrada en vigor de la Ley de Aguas-, de haber inscrito en el Registro de Aguas las Comunidades de Regantes de origen público», critica la Asociación.