EFE.- Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Lleida, así se ha informado durante la reunión de la Comisión Agraria, que se ha celebrado hoy para iniciar los preparativos y organización de la próxima campaña de recogida de fruta.

En dicha reunión han participado responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social, de la Oficina de Extranjería, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de la Inspección de Trabajo y Agroseguro, así como de los servicios territoriales de Empresa y Empleo de la Generalitat, de Afr y de los sindicatos UGT, CCOO, UP, Asaja y JARC.

En la reunión también han participado representantes de la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida, del Cuerpo Nacional de Policía de Lleida y de los Mossos d’Esquadra.

Durante el encuentro, los participantes han mostrado, un año más, su preocupación por que haya un efecto llamada y se desplacen a Lleida temporeros de otras partes de España para buscar trabajo en la campaña de recogida de la fruta.

Los participantes en la reunión han mostrado asimismo su preocupación por la contratación ilegal. En este sentido, la subdelegada del Gobierno, Inma Manso, ha querido dejar claro que «contratar de forma irregular puede salir muy caro».

«Aunque la mayoría de empresarios agrícolas del territorio está haciendo bien las cosas, hay que explicar que contratar de forma irregular, no sólo tiene un coste social importante, sino también individual, con sanciones que pueden superar los 10.000 euros», ha insistido.

La Subdelegada ha destacado por otro lado, y como novedad en relación con la campaña anterior, que «los trabajadores que trabajen en el campo contratados por empresas de servicios también se regirán por el convenio del campo para evitar casos de cesión irregular de trabajadores y salarios por debajo de convenio».

Manso también ha recordado, por último, que «el colectivo de trabajadores rumanos ya no necesita una autorización para trabajar como años anteriores, cuando estaba vigente la moratoria laboral con este país».

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