Según Páramo, el 35 por ciento del tabaco que se consume en Cádiz ya es de contrabando, en Andalucía este porcentaje llega hasta el 20 por ciento y en España es el 12 por ciento. "Los consumidores van a ir a otros canales de distribución, por lo que la directiva no va a conseguir el objetivo que persigue, que es reducir el consumo de los más jóvenes", advirtió.

    La Mesa del Tabaco agrupa a cultivadores, distribuidores, fabricantes de máquinas expendedoras y a otras ramas de la actividad relacionada con este producto.

    La propuesta de la directiva europea, que tiene como objetivo reducir en un 2 por ciento el número de fumadores en los próximos cinco años, prohíbe la utilización de sabores y aromas que potencien el sabor del tabaco, al creer que esa es la manera en la que los jóvenes se incitan al consumo. "Si todos los sabores son iguales, si todas las cajetillas son iguales, lo único que se va a tener en cuenta es el precio. La gente va a buscar ‘marcas blancas’, con los precios más bajos y la calidad más baja", dijo Páramo.

    En cuanto a los aditivos, Páramo defendió el mentol -ampliamente criticado por el sector sanitario- porque es un producto "que se consume ya hace 35 años" y, a su juicio, está relacionado más con la población adulta. Aunque, en general, no se mostró contrario a que se prohíban los aditivos (frambuesa, vainilla, chocolate, etc) u otros ingredientes que hagan más atractivo el tabaco "siempre que haya una evidencia científica".

Perjuicios económicos para algunas regiones


    En su propuesta, la Comisión Europea también apuesta por una cajetilla en la que las advertencias gráficas y de texto cubran el 75 por ciento del paquete, lo que homogeneizará un poco más los distintos formatos, ya que se deja menos espacio para la marca. Páramo, en el debate que reunió a eurodiputados, representantes de la Comisión y del Ministerio español de Sanidad, del sector sanitario y productores, mostró su "gran preocupación" por un texto que, a su juicio, va a ser muy perjudicial para los intereses económicos de algunas regiones españolas.

    Dice que la propuesta va a restar valor añadido al tabaco que se produce en España, de mayor calidad, así como al sistema de distribución -estancos con licencia que no hay en otros países europeos- y a otras actividades económicas relacionadas, como las máquinas expendedoras, que en un 85 por ciento se fabrican en Navarra.

    Recordó que hay 5 gobiernos regionales (Andalucía, La Rioja, Cantabria, Extremadura y Canarias) y cuatro parlamentos regionales (Navarra, Extremadura, Canarias y La Rioja) "además del parlamento nacional" que han mostrado su preocupación por esta propuesta de directiva.

    Quiso trasladar "a todo el sector" un mensaje "de unidad", de que "se defiende un producto legal" que da trabajo directo e indirecto a 56.000 personas y que proporciona 9.315 millones de euros a las arcas públicas.

    Representantes de los cultivadores de tabaco afirmaron también que la revisión de la directiva es necesaria, pero mostraron su preocupación "por un cultivo que está cuestionado". Los cultivadores de tabaco de Andalucía y Extremadura creen que el tabaco que producen es de mayor calidad, que con la nueva directiva va a dejar de ser competitivo y que hay muchas personas que se dedican a la primera transformación que van a ver peligrar su puesto de trabajo.

Los eurodiputados piden un diálogo que proteja la salud


    Por su parte,
eurodiputados del Partido Popular y socialistas reclamaron "equilibrio" en el debate sobre la nueva directiva europea sobre la publicidad y el empaquetado del tabaco, pero sin olvidar que "lo primordial es la protección de la salud".

    La nueva propuesta de directiva, a la que las distintas comisiones del Parlamento Europeo han planteado casi 1.400 enmiendas, será debatida por el pleno en primera lectura el próximo mes de septiembre, en un tema en el que los eurodiputados tienen poder de codecisión con los Estados miembros.

    La eurodiputada popular Pilar Ayuso afirmó que el objetivo es "proteger a los consumidores y disuadir a los jóvenes", teniendo en cuenta que "el tabaco no está prohibido y hay que compaginar los intereses de la industria y la salud publica".

    El eurodiputado socialista Andrés Perelló afirmó que "la industria tiene que adaptarse a la nueva situación" y advirtió que se ha dado un enfoque erróneo al debate "en el que un pequeño agricultor tiene los mismos intereses que la industria tabaquera". "Que deje de fumar el 2 por ciento en 5 años -como propone la directiva- eso no es la ruina de nadie. Podemos plantearnos la flexibilidad, pero no podemos parar ni ir hacia atrás", afirmó.

    Respecto al cultivo de tabaco, Ayuso dijo que "no tiene nada que ver con la directiva" y que el argumento de que "para dejar de fumar hay que dejar de ayudar a los cultivadores no tiene sentido".

    Dos de los temas más conflictivos en la nueva propuesta de directiva se centran en los aromas utilizados para potenciar el sabor del cigarrillo -que quedarían prohibidos- y la dimensión y forma de las cajetillas.

    Sobre el empaquetado, Ayuso reconoció que el PP está en contra de la "cajetilla única", iniciativa pionera en Australia, porque "estamos en contra de la no marca".

    "Es más importante educar desde pequeños que decir en una cajetilla que te vas a morir. Además no se puede expropiar la marca", dijo. Los socialistas creen que la directiva "no está mal enfocada en el formato" y son contrarios a la "cajetilla en blanco".

    Elena Andradas, subdirectora general de Salud Pública, dijo que los aspectos más controvertidos para España se refieren a los ingredientes y aunque se mostró partidaria de avanzar en la prohibición de sabores dominantes "hay que adecuarlo a la evidencia científica".

    En cuanto al envasado, dijo que España incorporó las advertencias con pictogramas desde la aplicación de la actual directiva, que el tamaño actual está funcionando bien y que, si se aumenta, pueden quedar insuficientemente reflejados los datos fiscales.

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