Ha explicado que la regla general de la nueva PAC consideraba "agricultor activo" -con derecho a recibir las ayudas europeas- a quienes obtuvieran por la venta de sus productos, es decir, del mercado, al menos el 20% de sus ingresos totales.
A quien cumpla esta máxima "le consideramos agricultor activo "per se", porque efectivamente realiza actividad agraria y la hace bajo su propia responsabilidad" empresarial.
Los ajustes de la CE estarán bajo un severo control
Sin embargo, Miranda ha detallado que han tenido que "introducir un ajuste de seguridad jurídica que nos ha exigido la Comisión Europea" para atender a la casuística que representan beneficiarios que pueden mantener en buenas condiciones agrícolas o medioambientales sus tierras sin producir nada.
"Entendemos que esta última circunstancia en España no se da, en condiciones normales", porque sería "antieconómico", pero en todo caso han regulado también esta excepcionalidad a la regla general.
"Hemos dado la posibilidad de que quien no alcance el límite del 20% nos pueda demostrar que lleva a cabo una actividad agraria evidente, bajo su propia responsabilidad y que mantienen sus tierras sin tenerlas abandonadas", ha añadido.
A quien esté en estas circunstancias -serán casos muy minoritarios, insisten desde el Ministerio-, "les someteremos a un control" para asegurar que el perceptor sea quien realiza la actividad agraria y evitar que sea un tercero el que la efectúe, quien venda o quien tenga actividad comercial "en su nombre".
A quien no cumpla la norma "se le expulsará del sistema"
"Queremos evitar que alguien se beneficie de las ayudas PAC teniendo abandonada toda su superficie", ha remarcado. Según Miranda, "con estos controles evitamos que esta apertura que se ha hecho a la regla general del 80%-20 % se convierta en un lugar por donde se puedan escapar los ‘cazaprimas’ o ‘agricultores de sofá’".
Y a quien no cumpla, se le expulsará del sistema, ha afirmado. De este modo, "se evitará que entren personas o beneficiarios que no se dedican a la agricultura y ganadería, salvaguardando que casi todo el sector obtenga al menos el 20% de sus ingresos por la venta de productos, es decir, por su actividad agrícola o ganadera.
En referencia a la trascendencia de los seis reales decretos de aplicación de la PAC, ha indicado que con su aprobación "termina la reforma", que ha durado tres años y "empieza la aplicación, que va a durar cinco o seis años más" (2015-2020).
Ha precisado que llegarán 5.000 millones de euros todos los años a los agricultores, financiados al cien por cien por la Unión Europa".
Se trata de ayudas que "se pagan en plazo" al sector y que "los agricultores lo tienen ya incorporado en su renta"; en este sentido, ha incidido en que aproximadamente el 30% de sus ingresos vienen de la PAC.
Para Miranda, la nueva PAC envía "un mensaje de estabilidad" a los agricultores, que tiene el suelo de su renta garantizado para los próximos seis años.