La enfermedad denominada “mancha negra de los cítricos” está causada por el hongo Guignardia citricarpa y afecta principalmente a los frutos cítricos comerciales, aunque las hojas y los tallos también pueden ser infectados. En la actualidad no se encuentra presente en la UE. Es una enfermedad con gran repercusión económica así, la mera presencia de manchas en el fruto reduce su valor comercial haciendo las explotaciones inviables además de restringir o cerrar mercados interesantes, como puede ser el caso de las exportaciones a Rusia o EEUU.

     Esta enfermedad ha causado daños de importancia en regiones citrícolas de Asia, Oceanía, América y África. Así, se han reportado datos de huertos severamente afectados con pérdidas del 80% de la producción.

Holanda que no produce pero consume es la que frena las medidas en la UE

     España cuenta con el 57 % de la superficie de cítricos de la Unión Europea, seguida por Italia con el 29 %,  Grecia con el 9 %, Portugal 3.5 % y Francia 0.7 %. El resto de países no llega al 1 %. En opinión de ASAJA Córdoba, este problema no afecta nada a países como Holanda, principal importador de fruta de Sudáfrica y los países del norte y, de no actuar y analizar el problema a nivel local, los países de sur pueden encontrarse con un problema muy serio:  se podría acabar generando un problema económico, social y medioambiental incalculable.

     Si la enfermedad llegara a nuestras explotaciones, no podría ser tratada con los fitosanitarios permitidos por las normativas existentes en Europa, más exigentes que las de otros países. En el supuesto caso de permitir productos fitosanitarios,  el número de tratamientos se tendría que elevar, igualmente las dosis, y debido a que es una enfermedad complicada de atajar, no se  aseguraría el fin del hongo, por lo que la pérdida de rentabilidad de las explotaciones sería importantísima y provocaría un cambio de cultivo.

     Solo en Córdoba, estaríamos hablando de la perdida de más de medio millón de jornales y, si incluimos la manipulación de la fruta, cerca de un millón. Además, el arranque de las plantaciones conllevaría una perdida de biodiversidad de valor incalculable, no olvidemos que recientemente un estudio elaborado por ASAJA Córdoba y el CSIC demostró que únicamente los naranjos de Andalucía secuestran al año 800.000 toneladas de CO2, equivalentes a lo que emiten 400.000 turismos, y esto sin tener en cuenta la pérdida de suelo generada por el arranque.

La CE sólo marca disposiciones de control pero no hace nada para frenar su entrada

      Tras el informe de la Agencia Europea para la Seguridad de los Alimentos (EFSA), que analizó el riesgo fitosanitario para las plantaciones locales de cítricos por contagio de Guignardia Citricarpa (Mancha Negra) debido a las importaciones a la UE desde Sudáfrica, lo único que la Comisión ha hecho es publicar el pasado 3 de julio en el Diario Oficial de la Unión Europea la Decisión 2014/422/UE, en la que se recogen instrucciones sobre análisis, controles e inspecciones, pero sin impedir la entrada de la enfermedad.

     Dicha Decisión no parece coherente con la gravedad del riesgo ni con la situación que se está viviendo, ya que no mejora la protección frente a esta grave amenaza. Prueba de ello es que llevamos varias interceptaciones de fruta infectada, por lo que seguimos estando expuestos al daño constantemente.

      Por todo esto, ASAJA Córdoba quiere expresar su preocupación por estos hechos y su convicción de que se pueden y se deben adoptar medidas mucho más enérgicas para afrontar la situación de grave riesgo que padecemos.

      Por este motivo, ASAJA Córdoba va a encargar al Dr. Miguel García García-Revillo, Profesor de Derecho Internacional Público y de Derecho de la Unión Europea de la Universidad de Córdoba, y experto y asesor  internacional, la elaboración de un Informe Jurídico en el que se realice una valoración de la situación desde la perspectiva del Derecho comunitario, así como las posibles vías de actuación, a todos los niveles, incluido el posible cierre de fronteras o pedir responsabilidad a los órganos competentes de la Unión Europea.

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