Situación que, ha apuntado, se ha puesto es evidencia en dos informes de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), "si aprobamos algunas, nos oponemos a las recomendaciones de la CNC".
En su opinión, "es cierto que se podría haber ampliado más la ley", pero se queda con lo manifestado por organizaciones como Asaja, Coag, Upa y Cooperativas Agro-alimentarias, que han coincidido en apuntar que colmaba muchas de sus aspiraciones.
Con esta ley se pueden reducir el desequilibrio de las relaciones comerciales, va a fortalecer al sector productor y beneficiará a las pymes, que siempre tendrán que firmar sus contratos.
Para el PSOE es "insuficiente"
Sin embargo, para el portavoz de Agricultura del PSOE en el Congreso, Alejandro Alonso, "el PP impone una ley insuficiente".
Alonso ha manifestado que "es una regulación reivindicada por todos" y que el sector y todos los grupos apoyaron "la aprobación de un proyecto de ley de equilibrio de la cadena alimentaria".
Ha tildado de "prepotente" la actitud del PP, al evitar buscar el consenso para una regulación reivindicada por todos, y que ha derivado en un malestar mayoritario expresado por el PSOE con la negativa a firmar el acta de la sesión de la ponencia.
Ha apuntado que el texto no resuelve eficazmente los desequilibrios de la cadena, incluso puede agravarlos, y el PP "se niega a negociar aspectos fundamentales de la ley".
Según Alonso, "una buena ley, y esta no lo es, sería la que diera un tratamiento justo a las demandas de cada uno de los que intervienen en la cadena de valor y la que eliminara las prácticas abusivas y las posiciones de dominio de quien trate de ejercerlas".
Ha alertado de que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una vez aprobada la ley, asumirá la responsabilidad de la obligación de supervisar administrativamente toda la contratación alimentaria.
Motivo por el que cuestiona si con los recursos existentes se podrán controlar los millones de contratos que se realizan entre productores, industria y distribución en el sector agroalimentario.
CiU: "Poco satisfactoria, perp no vamos a estar en contra del sector"
Para el portavoz de CiU, Marc Solsona, este proyecto de ley les causa una "sensación poco satisfactoria. No podemos, ni vamos a estar en contra de una ley reclamada por el sector, que pretende proteger al eslabón más débil cadena con contratos por escrito".
Solsona ha apuntado que, con esta ley, "tal y como está, no satisface a ningún lado de la cadena, se queda corta para unos y otros", "la norma cuenta con una regulación y una autoregulación que no convence a todos".
Ha destacado que es una ley transversal que afecta a distintos sectores y son muchas las realidades, por lo que considera que es una ley de mínimos, difícil de aplicar, y "veremos si su aplicación será de real utilidad; en principio es mejor y más completa que la de la pasada legislatura y es una ley de mínimos, "pero mejor que exista que no".
"Hemos intentado ser altavoz de enmiendas que incorporaban el concepto de venta a pérdida o los costes de producción, que no han salido adelante, por lo que el Gobierno debe una explicación de por qué no se ha sacado esta ley con un amplio apoyo parlamentario".
Para UPyD, ha faltado "diálogo y negociación
Según el portavoz de UPyD en esta comisión, Tony Cantó, se ha producido una falta de diálogo y de negociación.
Cantó ha destacado que han hablado con aquellos a los que afecta esta ley, quienes les han transmitido una gran ilusión, pero también que se quedaba corta.
Anticipando que su grupo no iba a votar en contra, se ha lamentado por la falta de ambición para ir un poquito más allá y ha reiterado que su grupo ha hablado en numerosas ocasiones de lo que la agricultura representa para nuestro país y la importancia que tiene para su partido.
El Grupo MiIxto considera que no ha cumplido las expecativas
Por parte del Grupo Mixto, Salvador Armendáriz (UPN), ha manifestado su interés en que la obligación de formalizar las condiciones contractuales por escrito se amplíe y, en relación a las sanciones, que el régimen no es lo suficientemente disuasorio.
En su opinión, se establecen unas sanciones prácticamente irrelevantes, que además castigan a los operadores con menor facturación.
El diputado de Equo-Compromís, Joan Baldoví, ha considerado que el peor recuerdo de su etapa parlamentaria es la frustración de que se predica en el desierto, "vemos que las enmiendas, muchas de ellas con sentido común y consensuadas con consumidores y organizaciones agrarias, se estrellan contra el muro del PP".
Baldoví ha destacado que esta ley había generado muchas expectativas, sobre todo entre los agricultores que son de los que padecen con más ferocidad la crisis.
Ha apuntado que, entre las enmiendas de su grupo, figuran las relacionadas a las prácticas de los supuestos contratos a depósito, a que no se puedan realizar ventas con pérdidas cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición e incluir la venta a pérdidas en los supuestos de infracciones graves, por coherencia.
Ha indicado que su grupo no dará un voto favorable a una ley que había despertado expectativas muy favorables en el sector.
Para la diputada del BNG Olaia Fernández Dávila el texto no se compromete con las soluciones legales esbozadas en el articulado y, a su juicio, lejos de contribuir a mejorar el equilibrio de la cadena alimentaria como pretende, el enfoque general indica que "se agudizarán los problemas, especialmente para el productor".
A su juicio, no hay garantías para el agricultor de cubrir sus ingresos, por lo que se seguirán manteniendo situaciones abusivas. En el caso de la producción láctea particularmente", ha remarcado.
Ha subrayado su voto en contra de esta ley, porque entienden que no va a resolver el problema del sector y no les parece razonable.
El PNV la ve básica, pero que se ha aprobado "con demasiada prisa"
Desde el PNV, Joseba Aguerretxea, ha señalado que estamos ante una ley que era necesaria, básica e importante para el sector y la sociedad, en la que "teníamos muchas esperanzas".
Aguerretxea ha afirmado que el Gobierno dio un paso importante a la hora de iniciarla, pero que ha dado dos pasos atrás a la hora de tramitarla.
"Creíamos que la base legal estaba consolidada y todos estábamos de acuerdo en que se iba a mejorar con todos los instrumentos que se introdujeran, pero estamos viendo que últimamente el Gobierno tiene ciertas urgencias para sacar ciertas leyes".