Según la ministra, el sector agroalimentario y el Gobierno se tienen que sentir "orgullosos" del resultado al ser una ley "efectiva, real y de todos". Ha recordado la valoración que ha hecho el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, sobre ésta y otras políticas agrícolas españolas y, en esa línea, ha deseado que la UE las tome como ejemplo.

La figura del mediador, el contrato por escritoy el código de buenas prácticas son claves


     Uno de los pilares fundamentales de esta norma, que lleva en vigor un año, es la puesta en marcha de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que está actuando con "rapidez y rigor, investigando y sancionando" incumplimientos en las relaciones comerciales entre agentes de la cadena.

      García Tejerina ha subrayado también la creación del observatorio de la cadena alimentaria, la figura del mediador, la obligatoriedad de los contratos por escrito y el código de buenas prácticas mercantiles.

     Según la ministra, España no debe "dejar pasar esta oportunidad única" de aplicar la ley porque redundará en una mejor competitividad del sector agroalimentario.

     El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, también ha intervenido en el acto de clausura, en el que ha reconocido que la Ley de la cadena alimentaria es una "herramienta" para conseguir precios justos para los productores.

     Algo que, a su juicio, es "fundamental" porque los precios en origen suponen "más del 70 % de la renta total" que recibe un agricultor o ganadero.

     Ramos espera que la normativa funcione "para que se haga justicia y haya equidad en el reparto del dinero" entre los diferentes eslabones de la cadena.

     Sobre los contratos obligatorios por escrito, ha reseñado que los agricultores deberían ser "los primeros interesados" en ellos y confía en que este aspecto se cumpla "a rajatabla".  También ha hablado de las ventas a pérdidas y ha defendido que ese asunto tendría que haberse incluido en la Ley de la cadena alimentaria, recogiéndola como una "práctica comercial abusiva".

      De igual forma se ha hablado de que “nos llama mucho la atención que en algunas comunidades autónomas se esté multando a empresas por prácticas ilegales y en otras no.La ley es igual en todo el país, y los abusos tienen que acabar”.

La AICA reconoce que se viene a "cambiar las reglas del juego"


     En las jornadas ha participado el director de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, quien ha explicado que el objetivo de este organismo es "vigilar" para que se cumpla la ley en las relaciones comerciales y "proponer sanciones en caso de incumplimientos".

     En su primer año de vida, la AICA ha iniciado la investigación de cerca de 1.800 inspecciones, la mayor parte de ellas comenzadas de oficio por la propia agencia.

     Las inspecciones, según ha detallado, comenzaron en septiembre pasado y ya se están emitiendo las primeras sanciones. Ha asegurado que la AICA está desarrollando un "trabajo intenso y constante" desde que comenzó su actividad el año pasado.

     Según Herrero, la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria establece "nuevas reglas de juego", que contienen derechos y obligaciones que deben cumplirse en las transacciones comerciales y ha añadido que uno de sus aspectos "potentes" es la implantación de un régimen sancionador, sin el cual la normativa "no tendría sentido".

      Las jornadas también han contado con la intervención del director general de la Industria Alimentaria, Fernando Burgaz, que ha participado en la inauguración y en una mesa redonda en la que expertos de Francia, Alemania y Reino Unido han comparado el funcionamiento de la cadena alimentaria en sus países en relación con España.

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