El Ministerio ha explicado que el proyecto de ley nace como respuesta a diversas comunicaciones de la Comisión Europea, informes del Parlamento Europeo y otras iniciativas comunitarias, que han destacado la necesidad de que los Estados miembros adopten medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Y en el contexto de la Constitución, el Ministerio entiende que la doctrina del Tribunal Constitucional, que admite que la competencia del Estado para fijar las bases de la coordinación de la actividad económica, ampara las normas y actuaciones necesarias para alcanzar los objetivos de la política económica general o sectorial.
Asimismo, el Ministerio recuerda que tanto en la redacción del anteproyecto, como en la tramitación del Proyecto, se han mantenido cauces de diálogo y participación con todos los organismos y sectores implicados, incluidos las organizaciones de Consumidores.
A este respecto, responsables del Ministerio han mantenido reuniones con la Organización de Consumidores, al más alto nivel. De hecho, el propio Director General de la OCU remitió al Ministerio una aportación para el mencionado Anteproyecto de Ley. Posteriormente, se han mantenido encuentros de carácter técnico en los que se han recibido las preocupaciones y propuestas de la OCU, dándose el correspondiente traslado de las mismas.
El Proyecto de Ley establece medidas con el fin de reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales y establecer un marco de competencia justa, que redunde en beneficio del sector en su conjunto y también de los consumidores. Se trata de vertebrar la cadena alimentaria para aumentar la eficacia y competitividad de este sector, garantizando una distribución sostenible del valor añadido a los productos, a lo largo de la misma, así como conseguir un mayor equilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.
Críticas de la OCU al proyecto de ley
Estas declaraciones salen al paso de la postura mostrada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) , quien había criticado el proyecto de ley por considerar que va "en contra de los consumidores" al "hacer prácticamente imposible que se realicen análisis comparativos de alimentos en España".
Según ha asegurado la organización en un comunicado, el Gobierno ha "introducido una disposición adicional que va a hacer prácticamente imposible" efectuar los análisis comparativos.
En este sentido, la OCU ha afirmado que "con la excusa de que la imagen de la industria alimentaria sale perjudicada con la publicación de análisis comparativos, el Gobierno se pliega a sus intereses proponiendo una legislación que OCU considera un ataque frontal al derecho fundamental a la libertad de expresión y al derecho del consumidor a estar bien informado".
La organización hace referencia en el comunicado a que "los últimos escándalos en materia de alimentación destapados por OCU en España no han gustado nada" al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente" y "esta disposición es la respuesta".
Según la OCU, "la calidad de la leche, el fraude del aceite de oliva virgen extra o las hamburguesas con carne de caballo no han concluido en expedientes sancionadores, sino todo lo contrario".
Ha indicado que "los consumidores europeos realizan sus compras en base a las calificaciones obtenidas por las diferentes marcas" y que "durante décadas las organizaciones de consumidores han demostrado el respeto a los principios de transparencia y veracidad de la información que han publicado".
"La industria alimentaria tiene ocasión de pronunciarse antes de la publicación de los resultados de un estudio y cuenta con los tribunales de justicia para hacer valer sus derechos; desde que en 1980 OCU comenzara a realizar análisis comparativos, nunca ha sido condenada en un procedimiento judicial por publicar información no veraz".