El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-la Mancha, Francisco Martínez, ha justificado el canon medioambiental que recoge la nueva Ley de Aguas de la región para la realización de infraestructuras y, por ello, ha apelado al consenso de los grupos parlamentarios para su aprobación.
Así lo ha manifestado Martínez Arroyo durante el debate del proyecto de Ley de Aguas en el pleno de las Cortes regionales, al que ha llegado con 64 enmiendas parciales de PP y Ciudadanos (Cs), si bien los dos grupos de la oposición han retirado tres de ellas antes de comenzar el debate aunque han mantenido las referentes a su rechazo al canon.
Martínez Arroyo ha defendido que la nueva normativa «mejora el abastecimiento, la depuración y los ríos y humedales» y ha insistido en que es necesario apostar «de manera decidida» por la ley y el establecimiento del canon medioambiental que, además, ha recalcado que lo «exige» la Directiva Marco del Agua. Un canon que lleva arrastradon críticas desde hace un año.
Martínez Arroyo ha defendido que la nueva normativa “mejora el abastecimiento, la depuración y los ríos y humedales” y ha insistido en que es necesario apostar “de manera decidida” por la ley y el establecimiento del canon medioambiental que, además, ha recalcado que lo “exige” la Directiva Marco del Agua.
En todo caso, ha subrayado que la ampliación del canon es “progresiva”, que “penaliza” los consumos elevados de agua, que “alivia” a los pequeños consumidores y que supondrá una “pequeña carga fiscal” de entre uno y cuatro euros mensuales.
En este punto, ha resaltado que incluye bonificaciones, redistribuye la riqueza y es «socialmente aceptable», ya que «prioriza» a las familias numerosas con descuentos del 20 y el 50 por ciento, bonifica al 100% a las víctimas de violencia de género y a las personas en riesgo de exclusión social así como contempla reducciones del 40% en el coste para el sector agroalimentario y del 50% para las cooperativas.