Mientras decenas de personas protestaban ante la IV Cumbre Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Junta de Andalucía ha remitido una carta a SOS Rural para informar de la negativa del presidente, Juan Manuel Moreno, a reunirse con esta plataforma en defensa del medio rural para abordar la tala de olivos tradicionales en el entorno de Lopera (Jaén) para instalar megaplantas fotovoltaicas. En la misiva, la Junta asegura que los proyectos de energía renovables en Andalucía, desarrollados en un marco público-privado, cuentan con la «Licencia Social Operativa» porque así se lo exigen a los promotores —empresas privadas— de estas megaplantas.

«La Junta nos argumenta que la tala de olivos cuenta con el apoyo de la sociedad y que se ajusta a la ley, pero desde SOS Rural le recordamos que llevamos más de 122.000 firmas en nuestra campaña contra la tala, que hay muchos propietarios a quienes les han expropiado forzosamente sus olivos y que esa ley en la que se escuda el Gobierno de Moreno es profundamente inmoral», plantea Natalia Corbalán, portavoz nacional de SOS Rural.

En este contexto, SOS Rural ha reiterado a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que tiene en su mano detener la tala de olivos tradicionales en el entorno del municipio de Lopera (Jaén), para lo que le ha exigido que apruebe el procedimiento de evaluación ambiental del «Plan Especial para la ordenación de actuaciones vinculadas a la generación de energía solar fotovoltaica en el T.M. de Lopera (Jaén)», promovido por el Ayuntamiento loperano.

La Consejería de Sostenibilidad recibió este Plan —junto a su Documento Ambiental Estratégico— el pasado 22 de abril, por lo que el plazo máximo para responder por parte de la administración autonómica es el 22 de julio —tres meses después de su presentación—. Si el Gobierno de la Junta lo aprueba, el Consistorio loperano podría suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias de obra para parques solares, conforme al artículo 78 de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

Además, SOS Rural reclama no emitir la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para el cuarto proyecto fotovoltaico previsto en Lopera, competencia exclusiva de la Delegación de Medio Ambiente en Jaén, que es un requisito previo indispensable para que el proyecto sea declarado de utilidad pública por la Consejería de Industria. Sin este informe favorable, el proyecto queda bloqueado. En este caso, además, existen alegaciones ambientales de peso, como la presencia del ave protegida Alzacola rojizo, cuyo hábitat se vería muy afectado.

LA JUNTA SE AMPARA EN UNA LEY INSENSIBLE DE HACE 20 AÑOS

En este sentido, el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), en el que se ampara la Junta, se aprobó hace casi 20 años (2006) y su actualización por la LISTA, en 2021, desatiende las sensibilidades ecológicas del mundo rural. «El desarrollo de las instalaciones energéticas no se ordena ni limita, por ejemplo, a los terrenos degradados, improductivos, abandonados o sin aprovechamiento, hasta el punto de que el artículo 21.1 de la LISTA establece que el uso de energías renovables en suelo rústico tiene carácter ordinario», resalta Manuel Fernández, abogado de la Asociación Ecología y Libertad.

Ante esta realidad, SOS Rural ha vuelto a reclamar —de la mano de Campiña Norte contra las Megaplantas Solares—, una reunión urgente a Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta, para exigirle la paralización inmediata de cualquier proyecto en Andalucía que implique la tala de algún olivo centenario y para impulsar una Ley autonómica para la protección de la Superficie Agraria Útil (SAU).

«SOS Rural quiere transmitirle a la consejera que la actual ley carece de sensibilidad con los suelos agrarios, pero de momento nos ignora justificándose en una norma que, en pleno siglo XXI, permite talar olivos tradicionales», lamenta Corbalán, quien le recuerda a García que «está en sus manos paralizar este atentado ambiental contra el legado patrimonial, paisajístico y cultural de todos los andaluces y de todos los españoles».

¿GARANTE DEL BIEN COMÚN?

En la misiva remitida por la Junta a SOS Rural, el Gobierno andaluz asegura que «comparte plenamente la preocupación por que el desarrollo e implantación de instalaciones de energías renovables en nuestra Comunidad Autónoma venga acompañado de la correspondiente salvaguarda de los intereses medioambientales, culturales y sociales», al tiempo que califica el procedimiento de tramitación de estos proyectos en Andalucía como «riguroso, exhaustivo, garantista y totalmente transparente y participativo».

«¿De verdad un procedimiento que permite talar olivos tradicionales para poner placas de hierro y cristal, arrasando terrenos altamente productivos y dejando sin futuro las economías locales, es garante del bien común y de los intereses medioambientales, culturales y sociales del territorio?», se pregunta la portavoz nacional de SOS Rural.

Asimismo, la Junta señala al «promotor privado» como aquel que decide el lugar para instalar un proyecto renovable «en el libre ejercicio de su actividad empresarial y, por supuesto, en función de dónde se ubique el recurso solar o eólico disponible, así como de la cercanía a los puntos de evacuación que condiciona la red de transporte y de distribución», otorgado por los operadores del sistema o bien por el Ministerio competente mediante concurso.

«Es una carta descarada, con una gran falta de consideración y en la que reconocen actuaciones que no son acorde a la ley. ¿Acaso tomar como único criterio el beneficio de las empresas privadas es de utilidad pública? ¿De verdad nos quieren hacer creer que se cumple con la Licencia Social Operativa?», expone Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma Campiña Norte.

En este sentido, la Junta afirma en su misiva que, «antes de ser autorizada la implantación de esos proyectos, requieren de su autorización ambiental correspondiente, que vela por que la ubicación de estos sea acorde con todos los requisitos ambientales del territorio donde pretenden instalarse», siendo compatible la ubicación de estas instalaciones «con la planificación territorial, con las afecciones culturales y coherente con cualquier otra cuestión que sea susceptible de tener una afección por dichos proyectos».

«El despliegue masivo de este tipo de instalaciones ‘verdes’, carente de una planificación territorial previa, contraviene la necesaria observancia por la Administración pública andaluza del principio de precaución y del de cohesión social y territorial, dos principios rectores de la política ambiental española regulados en el artículo 2 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética», explica el abogado de la Asociación Ecología y Libertad. De este modo, la Junta debe primar el principio de precaución, ante la incertidumbre sobre posibles daños graves o irreversibles —como los provocados sobre el suelo agrícola derivados de la contaminación que generan las instalaciones fotovoltaicas—, y el de cohesión social y territorial, que garantiza la armonización y el desarrollo económico de las zonas donde se ubiquen las centrales de energías renovables, respetando los valores ambientales.

Asimismo, la Junta con la tala de olivos está contraviniendo el principio de no regresión ambiental — recogido en el artículo 2 de la Ley 7/2021, como otro de los principios rectores en el derecho nacional—, convirtiendo 9.000 hectáreas de suelo rústico —con una cubierta vegetal natural que actúa como un reservorio de biodiversidad—, en suelo industrial.