El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha emitido una sentencia favorable al recurso emitido por La Alianza UPA-COAG, en nombre de numerosos remolacheros, contra la Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería de esta CCAA que suspendió la ayuda de 3 euros por tonelada de remolacha.
Esta resolución judicial, a la que la Junta aún puede recurrir, le obliga a devolver hasta cerca de 30 millones de euros a los remolacheros que hubieran sembrado y lo hubieran declarado en las tres campañas que están pendientes según el Plan Nacional Agrario 2009-2013 y que aseguraba unas subvenciones al sector remolachero de 40 euros por tonelada entregada en total.
Esta Sentencia, a diferencia de otras obtenidas en este mismo asunto, obliga a la Consejería a completar la tramitación de los expedientes de ayuda de todos los solicitantes de la campaña 2011/2012 y, en consecuencia, deberá pagar los importes que correspondan.
se pedirán los intereses de demora y recuerdan que los beneficiados de la decisión de la Junta fue la industria
En total más de 5.500 agricultores y otros 4.465 de las tres campañas por abonar tendrían derecho a recibir la cantidad correspondiente, estimada en 10 millones de euros por campaña. Según han denunciado los responsables de La Alianza, esa cantidad estaba presupuestada en el 2011 pero “no se sabe” qué pasó con ella tras la orden que la eliminó en el Bocyl».“
Por eso, la organización no sólo se felicita por su victoria en los tribunales, sino que además va a pedir los intereses por demora correspondientes «porque nuestros ganaderos han estado cuatro años sin recibir un euro de ello” señaló Aurelio González.
Para La Alianza, la industria remolachera fue la parte más beneficiadas en la retirada de dicha ayuda, pues en ese año 2011/12 llegó a obtener el mejor margen de ganancia de su historia, tanto en mercado nacional como internacional en los precios del azúcar. Por ello piden ahora que de esos réditos se pague.
Asimismo, pendiente queda la última campaña de ese plan, la 2013/2014 que, al no incluir la casilla en la que se especificaba el acogerse a ese pago «se podría incurrir en ilegalidad», según la organización. Finalmente, UPA-COAG cree que «nuestro trabajo en el que han participado los ganaderos de forma individual dejando sus derechos y datos en manos de La Alianza, ha sido una labor sindical y no populista, para buscar la foto”.