La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha mostrado su preocupación por las consecuencias del funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria en el sector del vino. El presidente de AIVE, Lorenzo Delgado, considera un «agravio comparativo» que las cooperativas no estén obligadas a realizar el registro de sus contratos alimentarios, lo que considera una «discriminación positiva».
Delgado alega que se interpone una obligación burocrática que no rige para aquellos que son entidades asociativas o miembros de las mismas.
Añade que «los obligados a realizar este registro hacen públicos todos sus actos, contratos, clientes, precios, etcétera, de lo que se van a beneficiar los no obligados, como las sociedades cooperativas, que, además, van a poder acceder a una información que les puede suponer una situación de ventaja en el mercado, rompiéndose así igualmente la libre competencia».
Recuerda que las cooperativas también son empresas, y que además están supervisadas por la Administración del Estado en virtud de sus Estatutos.
El presidente de AIVE insiste en que el hecho de establecer esta «discriminación positiva» a favor de las cooperativas «no está justificado jurídicamente ni de otra manera que no sea la intención política que lleva detrás».
Incide en que dicha «discriminación positiva se traduce, ineludiblemente, en un efecto inverso contrario a la equidad en toda la extensión de su palabra y que vulnera el derecho de igualdad consagrado en la Constitución Española respecto de las empresas que no tienen tal carácter o forma, también podría entenderse como un agravio comparativo, lesivo además para la libre competencia en el mercado».
Afirma que esta situación es contraria a la propia Ley de Cadena Alimentaria, que «precisamente, lo que busca es evitar abusos y conseguir estabilidad de precio con la mejora en los procesos de producción y venta».
Por último, Delgado sostiene que todo esto es «un gran abuso y competencia desleal respecto al resto de empresas que intervienen en la cadena alimentaria, pues es más cómodo y fácil para responsables de cooperativas vender sus productos a bajo coste, o incluso a pérdidas, que poner en valor la calidad de sus productos, defendiendo a sus socios».
Por ello, desde AIVE seguirán instando a las distintas instituciones españolas y europeas a que procedan a tomar las medidas necesarias y procedentes para que la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria obligue a todas las empresas, sin excepción.