En su comunicado, ADAP señala que "resulta algo más que demagógico, afirmar que un sector que ha invertido casi 600 millones de euros (y no 300 como se ha llegado a decir) se esté lucrando de forma abusiva por haber percibido, como dice el Gobierno, más de 3.000 millones desde su puesta en marcha en el año 1998, ignorando deliberadamente los costes operativos en los que se han incurrido, y que superan los 2.850 millones de euros".

    En este sentido, y para demostrar "la veracidad de esta información",  ADAP ha entregado el estudio elaborado por una consultora de reconocido prestigio y basado en las cuentas auditadas de las empresas del sector que indica que ninguna planta ha llegado a su rentabilidad razonable del 7,4% que, en vano, promete la Ley 24/2013. Y lo que es incluso peor, con la nueva retribución propuesta, además con carácter retroactivo desde julio de 2013, el resultado no es otro que la quiebra económica de las plantas.

El transporte, o el vertido al terreno, no es la solución

      Por su parte, hacen hincapié en que Agricultura, enfrentada de forma súbita al problema de qué hacer con los purines que hasta ahora procesaban las plantas, "no sólo recupera una ocurrencia obsoleta e ineficaz, sino perjudicial, en términos ambientales, que consiste en transportar los purines a unos kilómetros de las granjas porcinas para verterlos masivamente al terreno. Esta ‘innovación tecnológica’ es suficientemente conocida y ha sido rechazada. Eso sí, la Administración se cuida de llamarla transporte en lugar de vertido al terreno. Estamos hablando de 2.5 Millones de toneladas anuales vertidas al medio".

     Por ello, recalcan que Si el transporte fuera la solución," no se hubiesen invertido en los últimos años – y no solo por parte del sector privado, sino también por Comunidades Autónomas – varias decenas de millones de euros en plantas de tratamiento. El problema del transporte es que, realmente, acaba en un vertido con impacto al medioambiente salvo que se realizase en condiciones muy concretas y específicas, imposibles de implementar con 2.5 millones de toneladas de purines de forma generalizada e inmediata, como pretende la Administración".

Moratoria de las plantas

     Frente a todo esto, la ADAP reitera una y otra vez, "como solución temporal", una moratoria del régimen económico anterior. ADAP es "consciente de que dicha moratoria no supone, en las circunstancias actuales, beneficios económicos para las plantas, pero sí permite abrirlas, seguir solucionando el problema ambiental de los purines, evitar la quiebra de las plantas y el pago retroactivo de cantidades ya percibidas, buscar una salida para los más de 4.000 trabajadores del sector, y disponer de un margen para estudiar soluciones a largo plazo con los Ministerios de Industria y Agricultura, en el caso de este último, con la nueva ministra".

   En resumen, ADAP concluye que prorrogar el RD 661/2007 "permitiría a las plantas sobrevivir, aún sin alcanzar nunca la rentabilidad razonable, pero al menos daría un margen para buscar soluciones alternativas y evitar los daños al sector ganadero y al medio ambiente, así como la pérdida de empleo, al menos a corto plazo".