La industria cárnica pagará este año 1.494,8 millones de euros en costes energéticos, con una subida del 344% con respecto a 2019, según la Asociación Nacional de Industrias Cárnicas (ANICE).
A partir del último informe disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre «Consumos energéticos» de 2019, la asociación ha realizado una aproximación de los gastos energéticos que tendrá que abonar en 2022.
De acuerdo a esos datos, ha apuntado este martes 18 en un comunicado que sólo en el primer trimestre de 2022 el precio medio de la electricidad fue de 228,41 euros/MW/h, lo que representa un 572,6% y un 105,1% más respecto a 2020 y 2021.
YA HABLAN DE ENDEUDAMIENTO DE LAS EMPRESAS, DESAPARICIÓN DE LOS MÁRGENES COMERCIALES LA PERVIVENCIA DE SUS NEGOCIOS
La organización ha explicado que en 2019 el consumo de electricidad fue de 289,9 millones de euros mientras que en 2022 la industria deberá abonar 1.266,1 millones (+323 %).
Respecto al gas, en 2019 esta partida ha subido a 80,1 millones de euros, mientras que en 2022 el importe será de 570,4 millones (+612,1 %).
Por último, el gasto en costes energéticos por consumo de gasóleo en automoción durante 2019 ha representado 63,4 millones y la cifra a abonar en 2022 será de 91,7 millones de euros (+44,6 %).
Este desglosado, según la entidad, muestra el aumento, sin precedentes, de las facturas a las que tendrán que hacer frente las empresas en 2022.
Para Anice, el encarecimiento de las materias primas y el incremento continuado de los costes de energía y resto de insumos han disparado los costes de producción y ha llevado a un «tremendo desgaste» a los operadores, al endeudamiento de las empresas y a la desaparición de los márgenes comerciales, «poniendo en peligro la pervivencia de sus negocios».
Una situación que, en su opinión, «empeorará en los próximos meses», por lo que desde «todos» los foros económicos se advierte de que hay que adoptar medidas «urgentes y eficaces» que corrijan esta coyuntura.
Desde Anice han reclamado una política industrial de apoyo a las empresas y una evaluación y corrección de las políticas normativas que generen nuevas cargas y costes a las empresas.