El ministro ha respondido que ha puesto en marcha "las medidas estructurales necesarias" y en ese sentido ha criticado las actuaciones del anterior Ejecutivo socialista: "Si ustedes hubieran hecho en ocho años lo que el actual Gobierno ha hecho en menos de uno, la situación sería radicalmente distinta".
Cañete ha añadido que entre 2004 y 2011 se cerraron 14.500 explotaciones lácteas, más de 1.200 al año y tres al día y "en ocho años no se tomó una medida estructural".
Entre las iniciativas del actual Gobierno, ha citado la aplicación de los contratos obligatorios, el convenio de colaboración entre productores, industria y distribución para mejorar la "transparencia", así como los anteproyectos de leyes para el fomento del cooperativismo y para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.
Ha reiterado que, con los apoyos aprobados en octubre, en forma de "derechos de pago único" de la Unión Europea, el sector recibirá una ayuda de 1.400 euros por explotación, superior a la prima aprobada en la anterior crisis láctea, en 2009 (530 euros), cuando los precios eran aún inferiores.
Por su parte, Alonso ha recalcado que el Gobierno sigue "tolerando" que las industrias compren la leche muy por debajo de sus costes de producción.
Ha apuntado que en un anterior debate sobre este asunto en septiembre, el Gobierno aludió a la "herencia recibida" y asumió compromisos que no ha cumplido.
"La situación es insoportable, miles de ganaderos se arruinan y de los Pirineos llegan miles de cisternas de leche que inundan el mercado español", según Alonso.
Ha añadido que las medidas emprendidas por el Gobierno "no han servido para nada", que los contratos obligatorios son "una trampa" y la leche se sigue vendiendo como "producto reclamo" y ha instado al Gobierno a intervenir y no dejar el asunto "en manos de líderes autonómicos".
Por su parte, Arias Cañete ha señalado que el Ejecutivo ha emprendido las medidas posibles y "lo que no puede hacer es imponer los precios".
En cuanto al anteproyecto de Ley de la Cadena Alimentaria, ha afirmado que antes de pasar al Congreso está pendiente de un dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia.