El sector productor de la denominación de origen (DO) de Vinos Valdepeñas, que conforman las organizaciones Asaja, COAG y UPA y las cooperativas, han anunciado este lunes 15 que dejarán la Junta Directiva de la entidad, por la «guerra comercial» entre las principales empresas comercializadoras.
En una nota de prensa, el sector productor que conforman las tres organizaciones profesionales agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, ha anunciado que tiene intención de darse de baja en la Junta Directiva de la DO Valdepe «ante la imposibilidad de poder cambiar el rumbo y el funcionamiento de la misma que durante los últimos años se ha visto sometida a una paralización casi total de su capacidad de gestión».
Esta paralización de la capacidad de gestión de la entidad se debe «a la guerra comercial abierta entre las principales empresas que conforman dos de sus principales asociaciones de la rama comercializadora (Asevivaldepeñas y Avival)», ha señalado el sector productor.
Y ha añadido que este enfrentamiento «ha subido de intensidad en los últimos meses, con numerosos reproches y denuncias cruzadas entre los mismos operadores acusándose recíprocamente de graves irregularidades en la comercialización de los vinos, en especial, en el etiquetado identificativo de la calidad del vino conforme a las normas contenidas en el pliego de condiciones para los vinos con Denominación de Origen Valdepeñas».
Asimismo, ha indicado que fueron las denuncias cruzadas entre las principales empresas comercializadoras «las que les llevaron al sector productor a verse en la obligación de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades regionales competentes en materia de control y certificación de los vinos sujetos a la denominación de origen que han desembocado en diversos expedientes sancionadores»,
También dieron a conocer los hechos ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ciudad Real «que ha acordado que se continúen las investigaciones ante la Audiencia Nacional», ha apuntado el sector productor.
EL DERECHO DE VETO A FAVOR DE UNA DE LAS ASOCIACIONES QUE COMPONEN LA RAMA COMERCIALIZADORA IMPIDE SU FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO
Por otra parte, el sector productor ha explicado que ha intentado promover numerosas medidas y acuerdos dentro de la Junta Directiva para revertir esta situación «y garantizar tanto la calidad como la trazabilidad de sus vinos frente al consumidor».
Pero no obtuvieron ningún resultado «dada la configuración de mayorías prevista en los estatutos de la interprofesional y la actual distribución de votos entre las dos ramas que conforman su Junta Directiva que asegura un derecho de veto a favor de una de las asociaciones que componen la rama comercializadora que impiden el funcionamiento democrático de dicho órgano».
Con ello se limita totalmente la capacidad de gestión «al no poder adoptarse ningún acuerdo que implique cambios sustanciales en el devenir de las cosas y que ayuden a corregir el presunto fraude que, entendemos, se está causando al consumidor», ha advertido el sector productor ante esta guerra comercial y sus consecuencias.
En este sentido, ha exigido «que se tomen medidas urgentes para que las presuntas irregularidades no se extiendan más en el tiempo y para ello exige cambios en los estatutos que permitan desbloquear la situación y recuperar la capacidad de gestión de la junta directiva»
Y ha adelantado que «en el caso de que el próximo día 24 de julio de 2020 no se hayan producido los cambios exigidos», los productores se verían obligados «a solicitar en dicha fecha la baja definitiva en esta asociación interprofesional, que quedaría sin representación del sector productor».
Además, ha instado a la Consejería de Agricultura, que es la que tiene las competencias en el control y la certificación de los vinos, a que también adopte «las medidas oportunas para garantizar que las industrias cumplen con la normativa y disponen de las instalaciones necesarias y suficientes para la certificación de la aptitud de sus vinos y el uso de las contraetiquetas; tutelando y/o asumiendo la gestión de la interprofesional en el caso de que no se garantice su normal funcionamiento a futuro».