Gobierno, autonomías, organizaciones agroalimentarias y ecologistas han reabierto el debate sobre quiénes deben ser los beneficiarios de las subvenciones de la PAC, para que los pagos sean justos y lleguen a los verdaderos profesionales del campo, según las conclusiones de la conferencia «Construyendo la PAC del futuro», organizada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que ha marcado el punto de partida para acercar posiciones de cara a la revisión de dicha política, que se aplicará a partir de 2020.

Representantes de la Comisión Europea (CE), países comunitarios, autonomías, sector, ecologistas, diputados y europarlamentarios han debatido durante dos días sobre las prioridades para la futura Política Agraria Común (PAC), en la que España se juega mucho, porque es el segundo principal receptor de sus fondos (7.200 millones de euros anuales).

Todos tiene claro que las ayudas deben llegar al verdadero profesional y que debe mantenerse el presupuesto

Entre las conclusiones, presentadas por el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, destaca la idea de «profundizar» en los «avances» la última reforma (la que se aplica actualmente), para que las ayudas lleguen más al «verdadero profesional» de la agricultura y la ganadería.

La legitimidad de los pagos agrícolas ante la sociedad y la reivindicación de que se destinen a quien vive del campo forman parte de la discusión clásica en este ámbito.

Por otro lado, las conclusiones han reflejado la preocupación por la «incertidumbre política y presupuestaria» de la Unión Europea (UE), sobre todo por el Brexit.

En la futura PAC, los agricultores y ganaderos «deben ser protagonistas», así como la diversidad de modelos, como el mediterráneo y el de las regiones ultraperiféricas.

También ha insistido en la necesidad de una financiación «ambiciosa» y de medidas para los jóvenes y las mujeres, con el fin de evitar la despoblación rural.

Dentro del régimen de ayudas, Cabanas ha mencionado el mantenimiento de los pagos directos, las medidas contra las crisis y la lucha contra el cambio climático.

Otra conclusión, más allá de la propia PAC, se centra en la demanda de una ley comunitaria que regule las relaciones de la cadena alimentaria -agricultores, industria y distribución-.

Cooperativas y organizaciones agrarias reclaman contenido a la futura PAC; los ecologistas, un cambio radical

Las organizaciones agrarias UPA y COAG, Cooperativas Agroalimentarias y la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) han analizado este asunto en una mesa en la que se han planteado cambios en las reglas de Competencia y reciprocidad en importaciones para lograr rentabilidad del mercado.

Las cooperativas han defendido instrumentos para la concentración de la oferta, COAG ha incidido en un «modelo social y profesional», tras el cual estén hombres y mujeres que generan tejido productivo y UPA ha reclamado una política «fuerte en contenido y presupuesto», que evite la «nacionalización» y que apoye estructuras familiares.

Según FIAB, la flexibilización y subsidiariedad en la aplicación de la PAC han provocado distorsiones en el mercado y pérdida de competitividad.

En otra mesa de debate sobre agricultura y medioambiente, las asociaciones ecologistas SEO BirdLife y WWF han pedido una revisión urgente y profunda de la PAC, pues creen que la actual «no funciona», en contraste con la organización agraria Asaja y la cooperativa Dcoop, que han defendido dicha política como un éxito.

Asaja ha recalcado que la PAC debe ser consecuente con los tiempos, «fluctuaciones y cambios bruscos», promover la innovación, las nuevas tecnologías y la transferencia del conocimiento. Por su parte, el Secretario General de COAG, Miguel Blanco, ha asegurado que “la principal legitimación de la PAC es la garantía de una alimentación sana y segura a precios razonables”.

En cuanto a las autonomías, han defendido su posición en otra de las mesas Canarias, Navarra, Murcia y País Vasco.

Canarias ha reclamado una política específica para territorios ultraperiféricos, Murcia la corrección de «desajustes» en el sistema actual de pagos directos, Navarra una revisión «innovadora y valiente» y el País Vasco, un «tercer pilar» de ayudas (ahora hay dos), con fondos para actuar frente a las crisis de mercado.

Cabanas ha explicado que el Ministerio seguirá recogiendo sugerencias y que la intención es aprobar una posición española en la Conferencia Sectorial del ramo (entre Gobierno y autonomías).